Congreso de Sinaloa aprueba reforma para militarizar seguridad pública

Algunos diputados del PRI acusaron que continúan los altos índices de corrupción en la clase política y en las fuerzas de seguridad

Congreso de Sinaloa aprueba reforma para militarizar seguridad pública
Foto: Congreso del Estado

El Congreso de Sinaloa aprobó este martes la reforma constitucional con la cual permite que el Ejército mexicano permanezca en tareas de seguridad pública hasta el 2028.

Con 36 votos a favor y cuatro en contra, los legisladores sinaloenses avalaron la minuta de la Cámara de Diputados que reforma el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución federal en materia de Guardia Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

En la reforma aprobada se establece que en tanto la Guardia Nacional (GN) desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La disposición de la fuerza armada deberá ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanos.

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Durante la discusión, hubo distintas discrepancias en la bancada del PRI, ya que aquellos legisladores que estaban en contra argumentaron que no se tiene una evaluación de la actuación que han tenido los militares en la actualidad.

En ese sentido, acusan que continúan los altos índices de corrupción en la clase política y en las fuerzas de seguridad.

Asimismo, puntualizaron que se ve limitada su participación en una situación de ambigüedad que diluye la disuasión y se empodera a una delincuencia organizada que desafía abiertamente al estado.

Por otro lado, aquellos diputados del PRI que votaron a favor de la minuta argumentaron que en ningún momento se busca sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.

Con información de El Financiero y El Universal

MSA