El Congreso de Morelos interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar una posible violación a su soberanía y autonomía, tras la detención del exfiscal Uriel Carmona, quien fue vinculado a proceso por los delitos cometidos contra la procuración y administración de la Justicia, relacionados con el feminicidio de Ariadna Fernanda.
Francisco Sánchez Zavala, diputado del PAN y presidente de la Mesa Directiva del Congreso morelense, presentó el recurso contra la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco.
La Subsecretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal turnó el expediente con el número 403/2023 al ministro Arturo Zaldívar, quien elaborará un proyecto de resolución que será analizado en el pleno.
“Con el escrito y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional que hace valer quien se ostenta como Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en contra de la Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y Poder Ejecutivo del Estado de Morelos”, se lee en la controversia.
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Constituye un atentado contra la división de poderes
Tras la aprehensión de Carmona Gándara, los legisladores locales recordaron que la Corte resolvió que las personas titulares de órganos constitucionalmente autónomos, como las fiscalías, gozan de la protección del fuero constitucional.
Indicaron que por este motivo, antes de haber sido detenido, a Uriel Carmona se le tiene que retirar esa protección mediante un procedimiento legislativo a cargo del Congreso local, algo que no ha ocurrido.
Mencionaron que la detención o imputación de delitos por vías distintas a las que establece la ley, para presionar la remoción de un fiscal general, constituye no solo un golpe al Estado de Derecho, sino un atentado contra la división de poderes y la autonomía de los órganos autónomos encargados de la persecución del delito, así como la advertencia de que en México cualquier persona puede ser perseguida, incluso por el ejercicio de sus responsabilidades de ley.
Con información de El Universal y MVS Noticias
MSA
