Durante el periodo extraordinario por el que atraviesa el Congreso de la Unión, los integrantes de las diversas bancadas de la Cámara de Diputados, con excepción del PAN, se encuentran analizando ocho cambios para la reforma educativa.
Dentro de éstos, uno de los que más sobresale es la modificación al artículo 16 transitorio el cual le entrega al Estado mexicano total control sobre la administración de las plazas para maestros con lo que ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ni la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) serán capaces de manejar los lugares.
“Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se registrarán por el artículo 123 constitucional, apartado B. Con fundamento en este decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado”, estipula la minuta.
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Sin embargo, el líder panista Juan Carlos Romero Hicks asegura que: “se introduce un artículo decimosexto es peligrosísimo, que no era objeto de la reforma, que quiere precisar el alcance del régimen laboral, que lo que hace es confundir y que deja preocupaciones para poder eventualmente introducir prácticas que puedan consolidar la corrupción, el tráfico de plazas en el tráfico de personas”.
