Algo muy grave ocurre en Puebla.
Resulta que la Fiscalía del Estado, un ministerio público, la Agencia Estatal de Investigación y secretarías de seguridad pública estatal y municipales, participaron en el decomiso de 24 tarimas de propaganda electoral que, según dijeron, tendrían origen ilícito.
El gobierno poblano aseguró los panfletos y –según dijo–, los entregó a la autoridad correspondiente.
Es así que –según dijeron–, las instancias adecuadas analizarán los orígenes de esta propaganda y determinarán si puede difundirse o no.
El gobierno de Puebla acusa al PRI de fabricar estos folletos.
No obstante, lo que no dicen es que en los folletos se cuestionaba el desempeño del gobernador saliente, Rafael Moreno Valle.
Por lo que no sobra preguntar, ¿realmente les preocupa el supuesto origen ilícito de la propaganda o será, más bien, que Moreno Valle utiliza el poder del Estado para evitar una campaña de contraste en su contra.
