En lo que va de la gestión de María Elena Álvarez-Buylla, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene un total de 685 demandas de amparo que trabajadores, investigadores y miembros de la comunidad científica del país han interpuesto ante la institución.
Lo anterior de acuerdo en los registros de la Subdirección de Procesos Judiciales del Conacyt.
De los 685 juicios de amparo interpuestos entre el 3 de diciembre de 2018 —cuando Álvarez-Buylla asumió el cargo— y el 11 de noviembre de 2022, 386 juicios se encuentran ante diversos Tribunales Colegiados en espera de que se resuelva el recurso de revisión principal; 288 demandas de amparo se encuentran en trámite; hay siete juicios en los que interpusieron el recurso de inconformidad; y sólo cuatro asuntos se encuentran en cumplimiento de sentencia ejecutoria.
A través de una solicitud de información mediante Plataforma Nacional de Transparencia, con fecha 11 de noviembre de 2022 y con número de folio 12100/2783/2022, que da respuesta al requerimiento 330010922000956, la subdirectora de Procesos Judiciales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Conacyt, Guadalupe Mariel Bonilla Dumit, se conoce que las demandas de amparo provienen de 17 entidades del país.
La Ciudad de México ocupa el primer lugar, con 275 juicios de amparo, seguido por Puebla, con 229; y en tercer lugar Jalisco, con 94 demandas.
Pero también hay juicios de amparo interpuestos en Baja California (20), Yucatán (16), Nuevo León (14), Guanajuato (7), Sinaloa (4), y Aguascalientes, Chihuahua, Sonora y Chiapas, con al menos tres casos por entidad.
Motivos de demandas de amparo en el Conacyt
Entre los principales motivos de amparo predominan las causas administrativas que tienen que ver los cambios al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), adeudos de becas de posgrado, reducción de sueldos, cancelaciones de renovación de convenios en el SNI, pero también negativas del Conacyt a refrendar convenios con investigadores que pertenecen a universidades privadas, anulación de servicios médicos y falta de pago de prestaciones, e incluso procesos “mal realizados” sobre una destitución como investigador por acusaciones de plagio y autoplagio.
Con información de El Universal
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