En el primer año de la ministra Norma Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre el Pleno y la dos Salas del máximo tribunal del país se resolvieron un total de 3 mil 456 asuntos en temas de salud, educación, medio ambiente sano, seguridad social, acceso a la información, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, entre otros.
Previo a la presentación este jueves del primer informe de labores de la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el alto tribunal informó que durante este año se llevaron a cabo un total de 170 sesiones públicas y privadas del Pleno de la SCJN, 40 correspondientes a la Primera Sala y 38 en la Segunda Sala.
Como parte del fortalecimiento de la función jurisdiccional en el primer año de gestión de la ministra Piña Hernández “se reorganizaron áreas de la Secretaría General de Acuerdos, se actualizaron los sistemas de consulta interna y externa, se revisó y actualizó la normativa, y se fortaleció la capacitación para mejorar la prestación de servicios”.
Dentro de los proyectos innovadores la presidencia del Alto Tribunal destacó la creación de comités especializados en programas estratégicos como el Comité de Programación y Agilización de Asuntos; así como la creación de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos (UGCCDDHH).
Entre los proyectos impulsados desde dicha unidad se echó a andar el Programa Permanente sobre Justicia Penal y Género; y a través de la recién creada Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género se ha orientado la atención especializada y multidisciplinaria a los casos de violencia por razón de género.
En ese sentido se dio a conocer que a fin de generar “ambientes aborales seguros y libres de violencia y discriminación para las personas servidoras públicas” en este periodo se atendieron 43 solicitudes internas y en 26 casos se dio acompañamiento jurídico, en 16 asistencia técnica jurídica por ser materia laboral y en 41 acompañamiento psicológico.
Respecto a la reingeniería administrativa y el control del gasto, de los 5 mil 630.6 millones de pesos que le fueron asignados a la Suprema Corte para este año se alcanzó un ejercicio del 95% hasta el 15 de noviembre pasado, y “las políticas de control de gasto y racionalidad” en la gestión de la ministra Norma Piña permitieron un ahorro anual d 82 millones de pesos.
Y en cuanto a las acciones para combatir la corrupción desde el CJF, se informó que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) tramitó 431 asuntos en el periodo, egresaron 349 y hasta el 15 de noviembre había 82 expedientes en trámite.
Propiamente el CJF destinó un total de mil 603 millones de pesos en la Política Nacional Anticorrupción, y atendió 391 denuncias por corrupción y nepotismo. Consiguiendo la vinculación a proceso de un magistrado federal, un chofer de exfuncionario público y un secretario particular. Asimismo, hay siete carpetas de investigación en trámite iniciadas contra juezas, jueces, magistradas y magistrados.
“La Corte, sus fideicomisos y el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo JURICA), obtuvieron 100% en el Índice Global de Cumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia”, subrayó la institución.
Con información de Eje Central
MSA
