La cercanía con la muerte parece haber desconectado a la sociedad mexicana de las tragedias cotidianas que han vivido y siguen viviendo millones de mexicanos, en sólo 34 meses del gobierno de López Obrador.
Sí, son millones de ciudadanos enlutados; entre padres, hermanos, hijos, abuelos y amigos que han perdido a un ser querido a causa de la pandemia, de la violencia criminal, de los incontenibles feminicidios y de las muertes en exceso, muchas de ellas vinculadas al Covid-19.
Pero, sobre todo, resulta alarmante el desdén ciudadano y oficial frente a la incontenible ola de periodistas y activistas asesinados sólo en el gobierno de López Obrador; una gestión que prometió acabar con la muerte de comunicadores y defensores de derechos humanos y que no ha cumplido.
Y es que siempre terca, la realidad confirma que con Obrador, “la muerte tiene permiso”.
Por lo menos es lo que revela el más reciente informe dado a conocer por la secretaría de Gobernación, que documenta que en los primeros 34 meses de la gestión de López han sido asesinados 47 periodistas y 94 defensores de derechos humanos; un total de 141 comunicadores y luchadores por los bosques y la diversidad sexual.
Pero es mayor el escándalo si comparamos el número oficial de periodistas muertos, con el más reciente recuento recabado por este espacio.
En efecto, apenas el pasado 30 de septiembre aquí dimos a conocer el detalle de nuestro propio recuento de periodistas muertos; 38 en total.
Sin embargo, para la secretaría de Gobernación, los informadores asesinados suman 47; algo así como un promedio de 1.4 periodistas asesinados al mes, a lo largo y ancho del país.
Sin embargo, según Enrique Irazoque –jefe de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob–, casi el 60 por ciento de los homicidios contra comunicadores se focaliza en cinco estados: Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán y Oaxaca.
Además, de los 47 periodistas asesinados, solo se ha dictado sentencia en cinco casos, lo que significa impunidad total.
La dependencia federal también detalló que los comunicadores ultrajados trabajaban, sobre todo, en “las fuentes” policíaca, de seguridad, política o investigaban temas de corrupción.
De esa manera se confirma que al gobierno de López Obrador nada le importa la vida de los periodistas, sobre todo si se compara con los ataques registrados en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
¿Por qué a López no le importa la vida de los periodistas?
Porque en la gestión de Felipe Calderón, por ejemplo, perdieron la vida un total de 48 periodistas, mientras que con Peña Nieto el número llegó a 47 y sólo en los primeros 34 meses de AMLO van 47 comunicadores fallecidos.
En pocas palabras, según la Segob, en la gestión de AMLO ya se cometieron el mismo número de periodistas asesinados que en todo el gobierno de Peña y –en los primeros 34 meses el mandato de Obrador– estaría por alcanzar la cantidad de periodistas masacrados en el gobierno de Calderón.
Por eso las preguntas.
¿Dónde están todas las organizaciones de periodistas que, con toda razón, en las administraciones de Calderón y Peña se escandalizaban por la gran cantidad de comunicadores muertos?
¿Por qué hoy, cuando la masacre de periodistas se ha duplicado, guardan silencio sobre la culpa del gobierno criminal de AMLO?
Por otra parte, Gobernación también reportó que de las 94 personas defensoras de derechos humanos asesinadas en lo que va del gobierno de AMLO, el 67 por ciento ocurrieron en Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán.
Respecto a estos casos, la mayoría de los defensores atacados se dedicaban a la defensa del medio ambiente, pueblos indígenas, violencia de género y comunidad LGBT+.
Además, de los 94 defensores asesinados, únicamente se ha dictado sentencia en dos casos. De nueva cuenta impunidad total.
Tanto en el crimen de periodistas, como el de activistas, los detonantes de la violencia en el país son los siguientes; impunidad de escándalo que se vive en México; el narcotráfico, la corrupción y colusión entre criminales y autoridades; la debilidad institucional en estados y municipios y, en especial, el desprecio al trabajo periodístico.
Por esas razones, México se confirma como uno de los países en donde el ejercicio del periodismo es una de las actividades de más alto riesgo y en donde la impunidad oficial favorece la actividad criminal.
Por eso, nadie se debe cansar por insistir: ¿Hasta cuándo terminará la persecución y muerte de periodistas, presidente Obrador?
Al tiempo.
