El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, invirtió poco más de 105 mil pesos en sopas maruchan en julio de este año, a través de la Fiscalía General del estado de Baja California, para alimentar a personas detenidas por presuntamente haber cometido un delito de fuero común.
Así lo dio a conocer el medio digital EMEEQUIS, quien se basó de los registros de compra de la Oficialía Mayor del estado.
De acuerdo a estos documentos, la dependencia compró 11 mil 95 vasos de sopa de 64 gramos, de sus diferentes sabores, con la finalidad de alimentar a quienes estan por enfrentar un proceso penal.
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A través de una tarjeta informativa entregada a esta revista digital por parte de la dependencia revela que el 6 de julio pasado, la Fiscalía General del estado, a cargo de Juan Guillermo Ruiz Hernández, solicitó a la Oficialía Mayor del gobierno “insumos alimenticios requeridos para cubrir la alimentación de las personas detenidas por los elementos de la Fiscalía en los diferentes municipios del estado”.
Esta sopa al ser un producto de bajo valor nutrimental y al alto en sodio, no recomendadas para el consumo y, de acuerdo con especialistas consultados por el medio, si son considerados como la base de la alimentación de las personas privadas de su libertad, son una violación a los derechos más básicos de las personas que están en esta situación.
