Una vez más, las evidencias muestran que no fue el Estado.
La noche del jueves, Eric Ulises Ramírez, alcalde de Cocula –municipio de Guerrero donde, supuestamente, incineraron a los 43 normalistas de Ayotzinapa–, fue detenido junto con Adán Zenén Casarrubias, presunto líder del Cártel de los Guerreros Unidos.
No está de más recordar que esta organización criminal habría sido la responsable de secuestrar y desaparecer a los estudiantes de Guerrero.
Entonces, el alcalde de Cocula fue detenido con uno de los líderes de la organización que desapareció a los 43.
Por donde se vea, esta detención confirma lo que aquí hemos dicho durante mucho tiempo: existe una grosera complicidad entre las autoridades de Guerrero y los criminales organizados. Esta colusión llega a los niveles más altos de la pirámide del poder.
Por eso insistimos, no fue el Estado; fueron los criminales organizados.
La detención de Eric Ulises Ramírez deja ver que la responsabilidad del caso Iguala descansa en la clase política de Guerrero, en el PRD, en la Morena de Obrador y en todos los que con su acción y omisión permitieron que el crimen organizado se desbordara en la entidad.
Por eso, porque el caso Iguala responde a la complicidad y a las acciones criminales de un sector político, muchos insisten en crecer la especie de que fue el Estado. Pero se equivocan. La desaparición de 43 estudiantes en Guerrero descansa en los hombros de quienes pactaron con los criminales. Y la mejor prueba de ello es la detención de un alcalde perredista en compañía de un presunto líder criminal.
Pero hay más…
En conferencia de prensa, el todavía líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, explicó que su partido no es ministerio público, que ellos no pueden determinar la culpabilidad o inocencia del alcalde y que, previamente, el Sol Azteca envió a la PGR los nombres de sus candidatos para garantizar que fueron hombres y mujeres sin vínculos criminales.
Es decir, que una vez más, la cúpula del PRD intenta lavarse las manos.
Ni cómo ayudarnos.
