Luego que John Mill Ackerman, publicará en su cuenta de Twitter que “los sicarios del narco son la contracara del sicariato mediático”, tras el ataque armado que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), condenó dicha acción y exhortó al académico a respetar los derechos humanos de los periodistas.
Recordemos que esta instancia nombró el pasado 26 de febrero al doctor John Mill Ackerman Rose como integrante del Comité Técnico de Evaluación al que se refiere el artículo 41, fracción V, apartado A, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que será el responsable de calificar la idoneidad de los cuatro nuevos consejeros con los que se renovará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), designación efectuada en consideración a su capacidad y trayectoria profesional reconocidas.
No obstante, tras las declaraciones de Ackerman, la CNDH pidió al académico a que se conduzca con civilidad y respeto a los derechos humanos de todas las personas y, en especial, de quienes ejercen el periodismo, porque son expresiones que pueden contribuir a agravar las condiciones en que los periodistas desarrollan su trabajo.
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“Sabemos de sobra lo difícil que ha sido en nuestro país el desempeño de libertad de expresión. La violencia contra los comunicadores ha sido ampliamente documentada por la propia Comisión Nacional, y es esta una batalla que tenemos que librar evitando, entre otras cosas, la estigmatización y el descrédito de las y los profesionales de la comunicación”, sostuvo la CNDH a través de un comunicado.
Recordó que hasta el mes de mayo de 2020 suman ya 159 periodistas y trabajadores de los medios comunicación asesinados desde el año 2000.
La CNDH reiteró su preocupación por la ausencia de acciones y estrategias coordinadas para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de periodistas, así como por la falta de efectividad, eficiencia y vigencia de los mecanismos públicos del Estado mexicano para su protección.
Con información de El Economista
