¿Qué significa el decreto presidencial para regularizar, de facto, los llamados “autos chocolate”?
¿Por qué, de manera repentina, un decreto presidencial que legaliza los automóviles ilegales que llegan a México?
¿Por qué, luego de la “Reunión de Alto Nivel” entre México y Estados Unidos, López firma un decreto que daña, sobre todo, a la industria automotriz mexicana, una de las más importantes del mundo y clave del T-MEC?
¿Por qué un decreto que, en los hechos, parece un guiño al crimen organizado, luego que el gobierno de Biden exigió al gobierno de AMLO la entrega de capos criminales y el fin de los ataques al T-MEC?
La respuesta a todas las interrogantes anteriores parece elemental.
En efecto, se trata de un señuelo político, sólo para los oídos del crimen y que significa que el presidente López Obrador intenta “curarse en salud”.
Pero vamos por partes.
Como saben, el 8 de octubre Obrador sostuvo un “Encuentro de Alto Nivel” –así lo llamó la Cancillería–, con influyentes del gobierno de Biden, como Antony Blinken, secretario de Estado; Merrick Garlon, fiscal general y Alejandro Mayorkas, jefe de Seguridad Nacional.
Luego del encuentro, el gobierno de AMLO y la Cancillería sólo dieron a conocer generalidades sobre el resultado. Nada concreto.
Sin embargo, fuentes del gobierno mexicano –que pidieron anonimato–, aseguraron que el presidente Obrador ordenó que las principales exigencias de Estados Unidos no se dieran a conocer en México.
¿Y cuáles son esas exigencias?
1.- Poner fin a la violencia en México.
2.- Entregar una docena de cabezas de capos del crimen organizado, en no más de 90 días.
3.- Tramitar de inmediato el visado para agentes de la DEA.
4.- Frenar la violación de Derechos Humanos en el gobierno de López.
5.- Poner fin a la violación de las reglas del T-MEC y, sobre todo…
6.- Cerrar la frontera a migrantes de Centro y Sudamérica, con fines político electorales.
Como queda claro, las exigencias del gobierno de Biden no son menores y, más bien, significarían un cambio radical a las políticas públicas del gobierno de López.
Por eso a muchos políticos y servidores públicos –en México y Estados Unidos–, les llamó la atención que pocos días después de ese encuentro, el presidente mexicano decidiera anunciar de manera pública –y como una acción prioritaria–, un decreto “para regularizar los autos chocolate”.
¿Qué significa un decreto presidencial para legalizar los autos ilegales que llegan a México por miles cada día?
Casi nada; se trata de un mensaje a los cárteles criminales para que entiendan que pueden llevar adelante el tráfico de autos, con total impunidad y complicidad del gobierno federal.
A pesar de que con tal decreto AMLO rompe sus acuerdos con los enviados de Washington, sobre la entrega de cabezas criminales, el fin de la violencia y el freno a los ataques al T-MEC.
¿Y por qué esa decisión llamó la atención, no sólo en México sino en Estados Unidos?
Por eso, porque en los hechos, el decreto que legaliza los autos “chocolate” es un pago a las bandas criminales que financiaron la campaña presidencial de Obrador.
Pero, sobre todo, es un guiño a los barones del crimen para decirles que, a pesar de las presiones de Washington, el presidente Obrador cumplirá sus deudas y sus compromisos con las mafias que sumen al país en la violencia.
Es decir, López “se cura en salud”, a pesar de que está obligado a combatir a sus aliados y, sobre todo, porque pactó con el gobierno de Biden la entrega de cabezas como la de Ovidio Guzmán, entre muchos otros jefes mafiosos.
Lo cierto es que López Obrador juega con fuego –juega con las bandas criminales–, y tarde o temprano terminará “chamuscado”.
Al tiempo.
