Censida quita apoyos a organizaciones que sostienen prevención y tratamiento del VIH

En el proyecto se incluía la contratación de personas que trabajaran comisionadas directamente en el territorio.

Censida quita apoyos a organizaciones que sostienen prevención y tratamiento del VIH
Foto tomada de El Financiero

La organización Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise), con sede en Jalisco, se incorporó a principios de esta administración al programa para distribuir profilaxis preexposición (PrEP), tratamiento que previene la transmisión de VIH, en la entidad. En ese entonces, la directora de Censida se comprometió a aportar los recursos que fueran necesarios de la Secretaría de Salud para operar la iniciativa.

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Censida quita apoyos a organizaciones que sostienen prevención y tratamiento del VIH

En el proyecto se incluía la contratación de personas que trabajaran comisionadas directamente en el territorio. En un inicio, cuatro personas fueron asignadas al centro, no sin antes enfrentar un proceso burocrático para obtener la certificación como centro de detección.

  • “Nos ocasionó muchos problemas, porque tuvimos que hacer un proyecto para la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, con fondos del gobierno federal que no se nos pagó hasta el año siguiente, y nosotros tuvimos deudas con los proveedores durante un año. Nos convertimos en centro comunitario de detección, empezamos el programa de PrEP y se contrata a personas que empiezan a trabajar con nosotros”, indica.

El proyecto duró poco, debido a que nunca pagaron a las personas ni respondieron por ellas. “Al final, ese sistema no continuó, ni por parte del estado ni de la federación”, lamenta Leonardo Espinosa, director de Codise.

  • “Para el siguiente año ya no hubo presupuesto otra vez, estuvimos trabajando, el gobierno del estado consiguió el año pasado presupuesto para dos meses, y eso fue lo único que existió”, agregó.

En el último año, la organización no ha podido ofrecer pruebas de creatinina para personas con VIH debido a la falta de presupuesto para estos servicios. Los usuarios deben costear por sí mismos los diagnósticos de creatinina y hepatitis B, cuando en realidad el gobierno estatal debería cubrir estos gastos, ya que forman parte de los indicadores oficiales reportados.

En la actualidad, el gobierno estatal proporciona PrEP únicamente en dos ubicaciones: el Capacits de Puerto Vallarta y el Centro de Atención Especializada en VIH en Guadalajara. No obstante, ni estos centros por separado ni juntos han atendido a tantos usuarios de profilaxis preexposición como los que atendió la organización en su primer año.

Las organizaciones y las autoridades de salud son fundamentales en la distribución de PrEP y tratamientos para VIH, como se evidencia en la Clínica Condesa y otras asociaciones en Ciudad de México, que gestionan el 40% de estos tratamientos. Sin embargo, la situación varía en otros estados, especialmente desde que Censida ha disminuido su apoyo a las organizaciones en esta administración.

  • “No tienen ni 200 usuarios (los Capacits), pero nada más para este ciclo se les contrataron como cuatro personas durante los próximos seis meses, con un presupuesto que era para las organizaciones de la sociedad civil; hicimos la solicitud del personal, fue enviada, recibida, aprobado […] Y de pronto, en algún momento se perdieron los puestos”, expresó Leonardo.

Cuando realizó una visita a Capacits Puerto Vallarta y preguntó qué estrategias estaban implementando para promover la PrEP, le respondieron que ninguna, ya que al tampoco tener certeza sobre la permanencia del personal, no necesitaban crear una que después no pudieran cubrir.

Por su parte, Codise abrió una sede alterna en esa ciudad para brindar PrEP, dada las deficiencias de las instalaciones públicas.

Por ello, para Leonardo, la gestión de Censida en la administración actual ha sido pésima.

  • “La doctora Alethse (de la Torre, directora del organismo) vino a prometer cosas que jamás cumplió ni les dio seguimiento, no ha vuelto aquí a Guadalajara y no creo que vaya a volver […] Se trata de que ellos con su experiencia en las poblaciones estén revisando cómo se rige la política de VIH, pero no tienen ningún poder”, argumentó.

Cabe destacar que, la de Censida ha sido -calificada por él- una conducta acosadora hacia las organizaciones, ya que pretende condicionar los tratamientos a que nunca se destinen a usuarios del IMSS u otros servicios del estado.

  • “La Norma Oficial Mexicana dice que los tratamientos preventivos –destaca– para el VIH y el PrEP tienen que estar a disposición de las personas sin importar su derechohabiencia, y además a nosotros nos obligaron a firmar un convenio, donde tenemos muchas obligaciones y ningún beneficio, que dice que tenemos que atender a todas las personas sin discriminación”, indicó.

Aunque Censida ofrece recursos, son las organizaciones las que deben encargarse de transportarlos, almacenarlos y cubrir los gastos. Por ejemplo, la organización Verter en Baja California ha tenido dificultades con algunos de sus servicios, como una unidad móvil para pruebas, debido a la disminución de apoyo por parte del organismo federal.

Hasta mayo de 2024, Censida informa que 162 mil 026 usuarios están recibiendo tratamiento antirretroviral en instituciones estatales en todo el país. Sin embargo, esta cifra incluye también instalaciones de otras instituciones federales y almacenes que no necesariamente distribuyen el medicamento.

Resultados de la relación entre organizaciones

Alain Pinzón, de la organización VIHve Libre en Ciudad de México, señala que las regiones menos beneficiadas por Censida, como Chiapas y el Estado de México, han sufrido más debido a las deficiencias y descuidos del organismo, particularmente en áreas donde los jefes de programa tienen conexiones cercanas con la dirección de la dependencia.

  • “Las organizaciones comunitarias de todos los estados, o de la mayoría de los estados, estamos trabajando sin fondeos. Hay organizaciones, como la que yo dirijo, que nacimos a partir de esta administración y nunca hemos tenido recursos públicos. Sin embargo, al principio de esta administración se cerraron muchísimos centros de detección y atención comunitaria en varios estados de la República porque no hay fondeo, y no se puede trabajar”, detalla.

Algunos de ellos continúan sobreviviendo a pesar de la mala racha que enfrentan desde 2019, cuando comenzaron a negarse los apoyos. Pinzón lo considera un error en materia de salud, específicamente cuando se trata de VIH, cuya prevención y atención depende del trabajo comunitario.

  • “Las organizaciones somos las que vamos a los lugares donde el gobierno no va: a las universidades, escuelas, discotecas, a los lugares de encuentro, y atendemos poblaciones que no llegan a las instituciones de salud pública en cada estado. El caso, por ejemplo, de Jalisco es muy importante porque ha presentado muchos problemas desde 2020”, explica.

Previo a 2022, los servicios estatales no ofrecían una atención adecuada a personas con diagnósticos recientes ni mantenían de manera continua los tratamientos. A partir de 2022, el Censida empezó a ejercer presión sobre organizaciones en estados como Jalisco y Ciudad de México, resultando en la ejecución de sus labores sin recursos y sometiéndose a auditorías rigurosas.

  • “Eso genera rispidez, porque no nada más estamos siendo vigilados, que es lo normal, sino súper auditados, y además trabajamos bajo la amenaza de que cualquier error que se pudiera cometer, podría traer consecuencias graves”, destaca.

Es importante resaltar que, los oficios que constantemente enviaba la dependencia en los que solicitaban información no sólo en relación al número de usuarios de tratamientos, sino a las especialidades sobre sus expedientes, datos personales y explicaciones detalladas.

En el contexto de PrEP, VIHve Libre y otras organizaciones tuvieron que lidiar con la exigencia del Censida de obtener datos personales de usuarios que habían sido víctimas de agresiones sexuales. A finales de 2022, VIHve Libre cortó la comunicación con el Censida al iniciar su propio programa de prevención comunitaria en colaboración con la Clínica Condesa.

El Censida estaba inquieto porque los programas comunitarios en Ciudad de México ofrecían PrEP y PEP a derechohabientes del IMSS. Sin embargo, las organizaciones han defendido estos tratamientos apoyándose en la Ley para la Prevención y Atención Integral del VIH en la Ciudad de México, que asegura la atención universal.

Modelo que piden se implemente en todo el país

En Ciudad de México, el 40% de los 5 mil 433 usuarios activos de PrEP accede al tratamiento gracias al trabajo de organizaciones civiles. Las clínicas Condesa suministran a estas entidades insumos, pruebas rápidas, capacitación y medicamentos, facilitando la distribución de estos recursos a los usuarios a través de un sistema que se encuentra bajo estricta supervisión y auditoría.

Este modelo, exclusivo en el país, es esencial porque las organizaciones civiles gestionan casos que no son atendidos por las instituciones de salud. La estrecha colaboración con la Clínica Condesa no sólo es fundamental, sino que también permite dirigir a las personas hacia los servicios de salud en situaciones urgentes, particularmente para aquellos en situación de vulnerabilidad.

  • “En ese momento los servicios se activan a partir de esta comunicación tan estrecha, y no hay que perder tiempo en llevarlo a la consulta externa o explicarle al doctor; es una relación que permite la atención inmediata de las personas que están necesitadas de esta”, apunta.

Más de 30 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la prevención y tratamiento del VIH en México han dirigido una carta al equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pidiendo que se haga una prioridad nacional replicar en todo el país el exitoso modelo de salud utilizado en la Ciudad de México.

  • “Existen diferentes intervenciones que permitirían prevenir infecciones por transmisión sexual, incluida la profilaxis con antirretrovirales (conocidas como PrEP y PEP), pero no se han creado estrategias efectivas para ofrecerla de forma universal a las poblaciones más expuestas a la infección; durante el año 2023 se reportaron 17 mil 739 nuevos casos de VIH. Podemos señalar que durante la actual administración, a nivel federal, no ha existido capacidad ni compromiso claro para implementar un programa eficaz que contenga la epidemia del VIH en México; nunca existió comunicación con las comunidades mayormente afectadas”, se lee en el documento.

Según Pinzón, el modelo de la Ciudad de México, administrado por la Clínica Condesa, es el único en América Latina que integra atención médica y comunitaria, proporcionando un enfoque integral que ha evolucionado a lo largo de diferentes administraciones.

  • “El trabajo estrecho que tiene la clínica con las organizaciones, aunque se lleven mal, a pesar de las críticas, la Clínica Condesa, dice ‘ok, vamos a trabajar para que eso se subsane’. Eso es algo que no ha pasado a nivel federal; muy por el contrario, cuando tú te quejas con el Censida, lo que hace es bloquearte, tratar de callarte o decir ‘no es cierto”, manifestó la activista.

Las organizaciones solicitan que el modelo de la Ciudad de México se implemente en todo el país, combinando un sistema médico eficiente con apoyo comunitario, así como suministros y métodos de prevención sin obstáculos burocráticos. Tras la divulgación de la carta, se ha iniciado comunicación con el equipo de transición, que ha garantizado recibirlas una vez que el gobierno de Sheinbaum tome posesión.

“Me parece que es importante, es una buena señal, porque ni siquiera a eso llegaba la actual directora del Censida”, indica Pinzón.

Asimismo, el activista espera que se cumpla con la reunión acordada, en la que podrán en la mesa las fallas del panorama actual, la responsabilidad del Censida y la petición de que la experiencia comunitaria sea escuchada.

“La doctora Claudia y el doctor Kershenobich (recién nombrado secretario de salud para la próxima administración) tienen ahí una oportunidad muy importante”, puntualizó Pinzón. 

Con información de Animal Político