El presidente Enrique Peña Nieto quedó blindado contra cualquier investigación penal que el gobierno sucesor de Javier Corral, en Chihuahua, pudiera emprender en su contra gracias a una orden emitida por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dicha orden obedece a una inusitada controversia constitucional que fue presentada por Peña Nieto ante la Corte para protegerse de acciones legales en su contra. Ello, en consecuencia a las amenazas del gobernador Corral de llevar a la cárcel al mandatario una vez que termine su administración.
El recurso judicial fue promovido por el consejero jurídico de la Presidencial, Misha Leonel Granados Fernández. En el documento se solicitó:
“La protección contra las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relaciones a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relaciones directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”.
