Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), confió en que con la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —que confirmó que el el Senado de la República fue omiso al no designar a los tres comisionadas faltantes — permita una pronta integración completa del Pleno.
Durante una reunión con integrantes de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Yucatán), explicó que el instituto actualmente no puede atender las quejas y resolver denuncias de incumplimiento a obligaciones de transparencia.
Por otro lado, advirtió que, con el Pleno inhabilitado, la ciudadanía está perdiendo un mecanismo de defensa de sus derechos al acceso a la información y a la protección de datos personales.
Sin embargo, enfatizó que esto no es justificación para que los sujetos obligados no den respuesta a las solicitudes de información.
“La integración completa del pleno no es opcional, sino obligatoria (…) la opacidad, a la larga, genera más problemas que beneficios; un Estado donde la transparencia es limitada, tendrá poca confianza de la ciudadanía, perderá legitimidad y el respaldo de los ciudadanos”, señaló.
INAI suele inquietar a autoridades
Por otro lado, indicó que la opacidad, a la larga, genera más problemas que beneficios; un Estado donde la transparencia es limitada, tendrá poca confianza de la ciudadanía, perderá legitimidad y el respaldo de los ciudadanos.
Subrayó que, por sus funciones, el INAI es una institución que suele inquietar a las autoridades que se consideran más seguras en la opacidad, pues así evitan críticas, presiones y responsabilidades; sin embargo, reiteró que no se puede dar marcha atrás en el ejercicio de dos derechos conquistados por la ciudadanía.
Cabe recordar que la semana pasada, los ministros de la Corte desecharon un proyecto que proponía declarar la omisión del Senado en la designación de tres comisionados, planteado por la ministra Loretta Ortiz, en el que consideraba que el Legislativo había llevado a cabo las acciones pertinentes para las designaciones.
INAI ha contribuido a abrir información sobre casos de presunta corrupción
Por otro lado, Ibarra Cadena rechazó que el organismo garante nacional sea una institución simuladora; de hecho, ésta surgió como producto de distintas presiones que motivaron al gobierno a ceder y reconocer el derecho a saber, tanto a nivel nacional como internacional.
Enfatizó que el INAI nunca fue una dádiva gubernamental; al contrario, las autoridades fueron orilladas por un contexto interno y externo a establecer una ley y un organismo garante, que trabaja para la gente, no para el gobierno.
De igual modo, recordó que, desde su fundación, el Instituto ha contribuido a abrir información sobre casos de presunta corrupción como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) o, en años recientes, los de Odebrecht, la Casa Blanca y el de Segalmex.
Sostuvo que es falso que el organismo garante nacional duplique funciones de otra institución pública y que sea sustituible; y respecto a su presupuesto, recordó que, en 2022, el INAI representó un costo de 65 centavos mensuales a cada mexicano; es decir, 7.80 pesos anuales.
Con información de La Razón y Latinus
MSA
