La Barra Mexicana de Abogados (BMA) rechazó la aprobación en comisiones del Senado de la iniciativa que reforma la Ley de Amparo; la cual impediría a los jueces dictar suspensiones sobre normas aprobadas por el Congreso y obras del Gobierno federal, aunque estas vayan en contra de la Constitución.
Barra Mexicana de Abogados rechaza iniciativa de reforma a Ley de Amparo
Asimismo, la BMA señaló que la propuesta trata de restringir las facultades de los jueces para suspender normas generales; y contradice la reforma constitucional de 2011, que reconoce a los derechos humanos como parámetro de validez del orden constitucional en el país.
La asociación también exhortó al Congreso de la Unión a convocar un parlamento abierto antes de que la reforma se discuta.
“Es fundamental mantener la facultad constitucional de las personas juzgadoras para otorgar suspensiones y proteger así los derechos humanos; tanto en su vertiente individual como colectiva, evitando violaciones irreparables a los mismos”, indicó.
La @BMA_Abogados manifiesta su rechazo a la aprobación en comisiones de la iniciativa de reforma a los artículos 129 y 148 de la ley de amparo, la cual pretende limitar la capacidad de actuación de las personas juzgadoras y los efectos de la suspensión de normas generales. pic.twitter.com/cinOJP1Ciz
— Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. (@BMA_Abogados) April 15, 2024
La Barra Mexicana detalló que de acuerdo a la reforma constitucional del 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido que los efectos de un amparo pueden beneficiar a otras personas ajenas a la controversia; por lo que sirve para proteger derechos colectivos.
El pasado 10 de abril, Morena y sus partidos aliados aprobaron en comisiones del Senado la propuesta de reforma a la Ley de Amparo; esta la presentó Ricardo Monreal con las firmas de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, y Mónica Fernández, exfuncionaria de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo.
La reforma elimina la disposición que permite a los jueces emitir suspensiones para evitar que una ley u obra “pueda causar mayor afectación al interés social”.
DC