Como si se tratara de un pasaje del clásico de Manuel Payno –Los Bandidos de Río Frío–, los diputados de Morena en San Lázaro se han convertido en verdaderos asaltantes de caminos.
Y es que ante la inminente derrota de la Reforma Eléctrica propuesta por López Obrador al Congreso, los diputados lacayos de Palacio planean asaltar los caminos a San Lázaro, para impedir la llegada de los opositores.
Dicho de otro modo, resulta que ante la inminente derrota que sufrirían en el Pleno de San Lázaro, los “morenistas” recurrieron a la violencia y al crimen de Estado –el crimen de secuestrar a los opositores–, para tratar de imponer lo que no pueden ganar mediante el diálogo, el debate y la razón.
Como saben, la estratagema del “bandidaje legislativo” la intentaron los diputados de Morena el pasado lunes, cuando días antes del debate de la Reforma Eléctrica en el pleno camaral anunciaron una movilización de miles de acarreados a los accesos del Palacio Legislativo, para impedir la llegada de los diputados opositores.
El intento de “secuestro” de las instalaciones de San Lázaro, por un lado, y de la retención de legisladores del PRI, PAN, PRD y MC, por el otro, falló cuando la tarde del domingo los diputados opositores llegaron al recinto con maletas, cobijas y almohadas, para pasar una o dos noches en la llamada “casa del pueblo”.
Frente al fracaso del “bandidaje legislativo”, los facinerosos diputados de Morena y sus aliados cambiaron la fecha la sesión plenaria para el domingo próximo –17 de abril–, cuando intentarán secuestrar la sede legislativa con dos o tres días de anticipación con la ayuda de golpeadores a sueldo.
Sin embargo, lo más cuestionable del caso es que en el asalto ilegal a San Lázaro, ordenado desde Palacio, se tiene prevista la participación de la policía de Ciudad de México, la que ayudará a los “porros” a sueldo no sólo a bloquear los accesos sino a impedir por la fuerza la llegada de los diputados opositores al Salón de Plenos.
La estratagema no puede ser llamada de otro modo que “secuestro”, crimen de Estado y “bandidaje legislativo”; todos delitos flagrantes que serán solapados desde el gobierno lacayo de CDMX.
Sin embargo, lo que no saben “los bandidos de Palacio” es que cada uno de los diputados federales tiene la facultad de solicitar la protección federal para el desempeño de sus funciones legislativas.
Pero frente a esa eventualidad el problema sería mayúsculo y podría significa la confirmación de que vivimos en la ingobernabilidad total y que asistimos a la muerte definitiva del Estado de derecho en México.
¿Por qué?
Porque una monstruosidad como la que intentan “los cuatreros” de Morena sería la confirmación de que desde lo más alto del poder presidencial se habría ordenado a las autoridades dependientes del Ejecutivo, obstruir por todos los medios el desempeño de la responsabilidad legislativa de los diputados.
¿Y eso a quien le importa?
Casi nada, no significaría una violación constitucional mas, sino la mayor falta a la Carta Magna, ya que el presidente mismo estaría cancelando, en los hechos, la división de poderes.
¿Y qué pasará si los diputados del PRI, PAN, PRD y MC son secuestrados por la turba y no llegan al Recinto de Plenos?
Poca cosa, que los diputados de Morena y sus aliados podrían conseguir la mayoría calificada –dos tercios más uno de los diputados presentes en la sesión–, sin ningún problema, con lo que enmendarían la Constitución como lo ordenó su jefe, López Obrador.
Y frente a tal escenario, obligan las preguntas.
¿Qué validez legal tendría una votación en el pleno de San Lázaro –para enmendar la Constitución en materia eléctrica–, conseguido no solo de manera ilegal sino a través del uso de la violencia y mediante el crimen de Estado que significa el secuestro de La Casa del Pueblo y de los representantes populares?
Está claro que un trabajo legislativo de esa naturaleza y un resultado en esas condiciones debiera ser declarado no sólo contrario a la legalidad sino uno de los mayores atentados a la Constitución.
Y siguen las preguntas
¿Y quién sería capaz de una declaración de inconstitucionalidad a un resultado amañado como el que intentan los “Bandidos de San Lázaro”?
La interrogante es fundamental ya que –como lo hemos confirmado todos–, la Suprema Corte, en particular y no pocos integrantes de la Judicatura Federal, están sometida a los deseos del presidente López.
En pocas palabras, el “bandidaje legislativo” que intenta el partido oficial en San Lázaro –por órdenes del presidente López–, podría llevar a México a la mayor espiral de ingobernabilidad de la historia, al fin definitivo de los contrapesos y, sobre todo, a la muerte del Estado de derecho.
Y es que les guste o no al partido oficial, a los opositores, a los aplaudidores y fanáticos del tirano de Palacio, estamos a las puertas de una impensable autarquía.
Pero tampoco ahí termina el problema.
Como muchos saben, distintas organizaciones sociales han exigido a los diputados del PRI, PAN, PRD y MC congruencia ante la reforma constitucional en materia eléctrica propuesta por AMLO.
En respuesta a tal exigencia de “los mandantes” –que son quienes les dieron el mandato popular a los diputados–, las dirigencias de esos partidos se comprometieron a votar contra esa reforma, que ha sido rechazada no sólo en México, sino en el mundo entero.
Pero “bajo la manga” de Palacio existe otro poderoso instrumento de presión y de chantaje.
En efecto, se sabe que luego del fracaso del pasado lunes, “los bandidos de Palacio” empezaron a sacar expedientes, uno por uno, de los diputados opositores que “tienen cola que les pisen”.
Pero además, también aparecieron las apetitosas “zanahorias” políticas y económicas que, según la jerga del poder, pocos diputados federales serían capaces de rechazar.
Al final del camino, en cuestión de días veremos de qué están hechos los diputados federales del PRI, PAN, PRD y MC; veremos cuantos son doblados por chantajes, presiones o vulgares platos de lentejas y cuántos tendrán las agallas de decirle “no” al dictador.
Al tiempo.
