La respuesta que ha dado el presidente mexicano a los más recientes escándalos de su gestión se puede simplificar en la destrucción de dos de los pilares del Estado moderno: el castigo a los corruptos y el combate a las bandas criminales.
¿Y por qué López Obrador premia a corruptos y criminales?
1.- Porque al matar al INAI, Obrador no sólo convierte en institución del Estado la “licencia para robar”, sino que solapa saqueos históricos como el de Segalmex, entre muchos otros
Y el más reciente ejemplo es la corrupción sin freno que promueve y oculta el mandatario entre colaboradores de primer nivel, como el escandaloso saqueo en que han incurrido el titular la Sedena, el hoy desprestigiado general Luis Cresencio Sandoval, quien con pruebas demoledoras fue exhibido como un verdadero saqueador del dinero público
2.- Y, porque al defender de la justicia norteamericana a criminales como los jefes de cárteles de la droga de Sinaloa y Jalisco –como “los chapitos”, el señor López no sólo confirma su alianza con esos grupos mafiosos sino que avala como política pública la “licencia para matar”.
Una licencia que, por ejemplo, ha llevado al fracaso total la promesa de que en la gestión de AMLO no habría impunidad, que no habría corrupción; al fracaso la promesa de que no habría masacres, no habría más muertes violentas, no habría más periodistas asesinados y tampoco más feminicidios y más mexicanos desaparecidos.
Es decir, que el presidente López Obrador puede decir misa, si así lo desea, para justificar la muerte del INAI y para impugnar la persecución de “los chapitos” desde Estados Unidos; puede insistir en el cuento de la defensa de la soberanía y hasta puede seguir mintiendo hasta el infinito.
Lo cierto, sin embargo, es que detrás de la orden presidencial para acabar con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI y con la defensa a ultranza de sus aliados del crimen organizado, el mandatario mexicano sólo confirma que en su gobierno existe “permiso oficial para robar” y “permiso oficial para matar”.
Y por esa razón, porque los corruptos y los criminales hoy se saben impunes, abundan los casos de políticos, legisladores, servidores públicos, aliados del presidente, gobernadores, militantes y simpatizantes de Morena que sin pudor saquean las arcas públicas.
Políticos, familiares, amigos y funcionarios públicos a los que desde Palacio el mismísimo presidente defiende, solapa, elogia y hasta los señala como ejemplo de honestidad, a pesar de que las pruebas de corruptelas están a la vista de todos.
Y también por esa razón hoy abundan los ejemplos de la complicidad del gobierno mexicano, el de López Obrador, con los cárteles de Sinaloa y Jalisco, a los que el tabasqueño ha defendido antes, durante y después de su llegada al poder presidencial.
Y se trata de una defensa a ultranza porque son grupos criminales que durante años financiaron –con dinero ilegal–, el activismo político de López Obrador; financiamiento a cambio de que el hoy presidente entregara la plaza a las mafias del crimen organizado.
Mafias que, por ejemplo, han incursionado en todos los órdenes de gobierno y en todos los cargos de elección popular; mafias que lo mismo tienen el control de Palacio, que se han metido al Congreso, a la Suprema Corte, a las alcaldías de todos los niveles, a los gobiernos estatales y, sobre todo, al espacio castrense.
En efecto, no es novedad, para nadie, que las secretarías de Defensa y Marina han sido penetradas por el crimen organizado, al extremo de que los capos de la droga tienen el control de aduanas, puertos y aeropuertos; tienen el control total de importantes territorios de la geografía nacional.
Por eso la garantía de impunidad oficial motejada como “abrazos, no balazos”; por eso las visitas de AMLO a Badiraguato, Sinaloa; por eso
En el fondo, lo que ha conseguido el mandatario mexicano es la creación de una monstruosa red de complicidad entre todos los integrantes de Morena y entre aquellos que pertenecen a la Cuarta Transformación, para saquear, a manos llenas, el dinero de todos los mexicanos, el dinero público.
Pero además, López Obrador dejó el control de gobiernos municipales y estatales de buena parte del país –además de congresos locales–, en manos de los cárteles de Sinaloa y Jalisco; grupos que mandan en más de la mitad del territorio nacional.
Y por eso, porque López Obrador entregó la plaza al crimen organizado, el presidente mexicano no puede salir con el cuento y el engaño de que la intervención de la DEA es “una intromisión abusiva”.
Y es que el territorio de “los chapitos” es tierra de nadie, territorio sin ley y al margen del Estado mexicano; pero sobre todo es el mejor ejemplo de la ingobernabilidad que ha prohijado López Obrador; un “gobierno” que otorga licencias para robar y para matar.
Al tiempo.
