¿De qué dan permiso los 30 millones de votos obtenidos por el hoy Presidente de la República?
Algunos adeptos del nuevo oficialismo parecen creer que dan permiso de hacer lo que sea con tal de acumular poder. Incluso violar la ley de la forma más flagrante, como se ha hecho en los Congresos de Baja California y Veracruz en días recientes.
En el estado fronterizo la mayoría morenista en la nueva Legislatura local votó por someter a consulta una aberración heredada de los anteriores diputados: la extensión del periodo de duración de la próxima gubernatura.
Si bien la Ley de Participación Ciudadana de Baja California prohíbe expresamente la realización de plebiscitos sobre asuntos electorales, los legisladores aprobaron justamente eso. Además de ilegal, la decisión puede confrontar a los ciudadanos del estado con los ministros de la Suprema Corte, que tendrán que resolver los recursos que se presentarán contra la prolongación del mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, conocida como “ley Bonilla”.
En Veracruz, la Comisión Permanente del Congreso local aprobó el martes “suspender temporalmente” al fiscal estatal Jorge Winckler, supuestamente por no haber revalidado sus exámenes de control de confianza, cosa que el funcionario ha negado.
Al hacerlo, los diputados morenistas desconocieron los procedimientos establecidos legalmente para nombrar y remover al fiscal. Más aun, designaron como encargada de la Fiscalía a la responsable jurídica del gobierno estatal, que podría incurrir en responsabilidades legales en caso de que tome decisiones sobre investigaciones.
Al pedir al líder del Congreso local, el morenista José Manuel Pozos Castro, evidencias sobre la falla administrativa que se atribuye a Winckler –quien ha sostenido un largo conflicto con el gobernador Cuitláhuac García, también de Morena–, el legislador me dijo ayer en Imagen Radio que no podía mostrarlas porque eran “confidenciales”.
Ambas actuaciones han sido totalmente desaseadas y parecerían destinadas a averiguar hasta dónde se puede torcer la ley en nombre de los 30 millones de votos obtenidos el año pasado por Andrés Manuel López Obrador.
Son, además, un mentís a lo dicho por el Presidente en su informe del domingo, donde afirmó que México vive un auténtico Estado de Derecho. Y así se lo hizo saber el Presidente a sus correligionarios en la mañanera de ayer.
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BUSCAPIÉS
*Faltan tres semanas para que se cumpla un lustro de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El nuevo oficialismo tiene el reto de concluir la investigación con resultados distintos de la llamada “verdad histórica”. Hasta ahora solo se tiene certeza sobre la muerte de uno de los normalistas, Alexander Mora Venancio, identificado mediante un análisis de ADN que se practicó a un hueso en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck.
*Si es correcta la conclusión a la que llegaron las pesquisas que realizó la desaparecida PGR sobre el caso, sería una tragedia la liberación, por violaciones al debido proceso, de uno de los principales sospechosos del caso, Gildardo López Astudillo, así como la inminente excarcelación de otros 50 presuntos responsables, a la que aludió ayer el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas.
*Si, en cambio, debemos creer en la tesis de que “fue el Estado”, aquellos detenidos serían meros chivos expiatorios. Lo difícil es que las dos teorías sean ciertas. A menos de que estemos ante una mezcla de ambas: una confabulación en la que participaron funcionarios, policías, militares y delincuentes. En todo caso, lo único que dejará tranquilos a los adoloridos padres de los estudiantes y al resto de los mexicanos es el hallazgo de evidencias, mucho más sólidas que las ya presentadas, que expliquen sin dejar dudas qué pasó con ellos.
