El gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación (4T)” mintió sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, advirtió en la conferencia mañanera y en una carta a las ministras y ministros que 68 mil personas podrían quedar en libertad si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida la prisión preventiva oficiosa (PPO), pero especialistas consultados por Animal Político aclaran que no habría una liberación automática de todas las personas detenidas.
La prisión preventiva oficiosa consiste en la privación de la libertad de personas al ser acusadas por la comisión de una serie de delitos contemplados en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, que son encarceladas sin tener aún una sentencia en su contra.
Si se invalidara -ya que la SCJN tiene previsto discutir en los próximos días su aplicación en el país-, jueces o tribunales tendrían que revisar cada caso que se solicite, para determinar si las personas siguen presas o se aplica otra medida cautelar.
Quedaría la opción de aplicar prisión preventiva justificada y otras 13 medidas cautelares. Eso mientras se resuelve su situación jurídica y a partir de que las autoridades que las acusen sustenten qué nivel de riesgo hay en el caso.
“Es falso que si se declara la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, esas personas automáticamente serán puestas en libertad. El único efecto de este tipo de decisiones es que se discuta en una audiencia ante un juzgado de control qué medida cautelar es la adecuada para esa persona que está siendo imputada por un delito”, comentó Eliud Tapia, abogado especializado en Derechos Humanos.
Así mintió la 4T sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa
Incluso, es inexacto el dato que presentó Alcalde de que hay 68 mil personas en prisión preventiva oficiosa.
Según los datos de los Censos Nacionales del Sistema Penitenciario Federal y Estatales del INEGI de 2023, esos casi 68 mil casos se refieren a delitos relacionados con las personas en prisión preventiva oficiosa, mientras que el número de personas en esa situación es de 44 mil 212.
“Eso es un mal manejo de los datos. Y eso te habla de que ni siquiera saben manejar la evidencia en temas tan delicados como este. También es el uso irresponsable de los datos, de no otorgar una fuente”, dijo Adriana Ortega, coordinadora del Área de Datos de Intersecta.
El Sabueso —de Animal Político— consultó con el equipo de Luisa María Alcalde sobre este uso impreciso de los datos, y se mantiene en espera de una respuesta.
la mayoría de las personas a las que se ha aplicado esta medida son de bajos recursos, y tienen que recurrir a abogados de oficio.
La SCJN tiene previsto discutir en las próximas semanas un proyecto basado en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en que se ordena a México adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre la prisión preventiva oficiosa.
Esto, ya que la CoIDH considera que dicha medida va contra distintos derechos, como a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la presunción de inocencia y a la igualdad y no discriminación.
Prisión Preventiva Oficiosa no ayuda a disminuir violencia
Estefanía Vela, directora de Intersecta, reprochó que la prisión preventiva oficiosa no ha contribuido a reducir la incidencia delictiva, además de que favorece la inacción por parte de la autoridad.
“Si se quita la prisión preventiva oficiosa, persistiría la prisión preventiva justificada. Lo que pasa es que no quieren demostrar por qué alguien merece estar en la cárcel. Quieren operar con base en prejuicios, apelando a los miedos de las personas”, refirió Vela en su cuenta de Twitter sobre la carta enviada por Alcalde a la SCJN.
“Cada vez que las autoridades defienden la prisión preventiva oficiosa, lo que están defendiendo es la posibilidad de enviar a personas a prisión sin tener que hacer su trabajo, que es investigar y demostrar lo que pasó”, agregó.
Según un análisis del Instituto Belisario Domínguez, delitos como el feminicidio, el abuso sexual, la desaparición forzada y los delitos electorales aumentaron entre 2021 y 2022, a pesar de la aplicación de la PPO para más delitos desde la reforma de 2019 impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En algo que ya se volvió costumbre en este sexenio, la autollamada “Cuarta Transformación (4T)” mintió sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
