La Auditoría Superior de la Federación (ASF) continúa desenmascarando a la Cuarta Transformación, ya que ahora detectó malos manejos y posibles desvíos por más de cien millones de pesos en contratos realizados con Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Fiscalía General de la República (FGR) y a Secretaría de Seguridad Pública Federal en el actual gobierno.
En el caso de Capufe, la Auditoría detectó irregularidades en 14 de 18 contratos por más de 83.3 millones de pesos.
En ese sentido, apuntó que esta dependencia tiene pendiente por aclarar dicho monto, debido a que no acreditó la prestación de servicios contratados con diversas personas morales y no supervisó que éstas cumplieran con las obligaciones a las que estaban sujetas.
En ese sentido, detalló que el ente pagó 74.5 millones de pesos, sin acreditar la ejecución, cumplimiento y calidad de los servicios contratados y de 7.6 millones de pesos por compromisos del ejercicio fiscal 2018, con cargo al ejercicio fiscal 2019, sin contar con la autorización correspondiente.
En el caso de la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero, la ASF detectó graves irregularidades en el manejo de una partida especial del presupuesto destinada a gastos de “seguridad pública y nacional”.
Por su naturaleza, estos fondos pueden asignarse con mayor flexibilidad que el de otras partidas del gobierno y, en ocasiones, en secreto; sin embargo, ello ha dado pie a posibles hechos de corrupción.
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Un ejemplo de ello fue el posible desvío de más mil millones de pesos que estaban destinados para la adquisición de equipo de espionaje en la entonces PGR en 2013 y 2014. Por ese caso ya se giró una orden de aprehensión en contra de quien fuera jefe de la Agencia de investigación Criminal, Tomas Zerón, actualmente prófugo.
Ahora, en la presente administración federal, la FGR identificó irregularidades relacionadas con este fondo.
Un informe de la auditoría practicada a los contratos firmados por la FGR en 2019 revela que en cinco procedimientos de adjudicación cubiertos con dinero de la partida de seguridad pública y nacional no hubo estudios de mercado que permitieran garantizar que los montos eran los adecuados.
En ese sentido, apuntó que la FGR no verificó que las empresas adjudicadas de cuatro contratos acreditaran que contaban con la capacidad técnica y de recursos humanos, lo cual, al tratarse de servicios que implican confidencialidad y secrecía, se debió asegurar de que el prestador del servicio contara con el personal propio para otorgar los servicios
Además, la ASF identificó 974 millones de pesos no ejercidos pero que tampoco se devolvieron. En algunos casos, como el de servicio de vigilancia en 25 instalaciones de la fiscalía, no hay documentos que prueben que dicho servicio se llevó a cabo en las condiciones pactadas. De hecho, no hay ni constancia de que hubiera existido.
Por otro lado, en la Secretaría de Seguridad, la Auditoría detectó anomalías en contratos firmados y pagados con un grupo de empresas pertenecientes al denominado “Grupo Kosmos”, el cual ha sido evidenciado por acaparar los contratos de alimentos desde hace varios años, e incluso ha sido sancionado por distribuir comida en mal estado dentro de centros penitenciarios.
Con información de Animal Político y El Financiero
MSA
