Aprueban hasta 15 años de cárcel por alzas injustificadas de precios en emergencia

El panista José Elías Lixa resaltó la necesidad de poner un límite a dichas prácticas para que nadie lucre con el dolor y la necesidad de la población en casos de emergencia

Foto: laranadigital.com

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una adición al Código Penal Federal con la cual se busca sancionar hasta con quince años de prisión el alza injustificada de precios en artículos de primera necesidad, productos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos en situaciones de desastre natural, riesgo sanitario o cualquier otra circunstancia catastrófica.

En el proyecto, que fue avalado con 564 y turnado al Senado de la República, se prevé aumentar hasta en una mitad más las penas actualmente establecidas por acaparamiento, venta con lucro inmoderado y manipulación de precios, entre otros actos ilícitos, cuando éstos sean cometidos en contextos como el de la pandemia del coronavirus.

El diputado panista José Elías Lixa, autor de la iniciativa, resaltó la necesidad de poner un límite a dichas prácticas para que nadie lucre con el dolor y la necesidad de la población en casos de emergencia.

En ese sentido, hizo un llamado para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) vigile los precios y endurezca sus procedimientos para castigar a quienes se aprovechan de las personas más vulnerables.

Durante la pandemia vimos el incremento desmesurado e injustificado de productos de primera necesidad: lo vimos con los cubrebocas, con el gel antibacterial, pero también lo vimos con el tanque de oxígeno, que se terminó volviendo un producto exclusivo para quienes tiene más y no se puede, en una sociedad como la nuestra, dar escoger a quien padece una enfermedad, darle de comer a las hijas e hijos o atender la salud”, enfatizó.

Actualmente, el Código Penal Federal prevé sanciones de hasta diez años de prisión por acaparamiento, venta con lucro inmoderado y manipulación de precios de productos básicos, por lo que la reforma permitiría castigar esos delitos hasta con 15 años de cárcel en casos de desastre natural, riesgo sanitario o cualquier otra circunstancia catastrófica. 

Con información de Contraréplica y Milenio

MSA