El 22 de diciembre de del año pasado, grupos de la fuerza rural tomaron la alcaldía de Apatzingan, en Michoacán. Según dijeron, protestaban en contra de la presencia de fuerzas federales en la entidad.
El 6 de enero de este año –en el intento por recuperar la alcaldía–, se registró un enfrentamiento entre policías federales y las personas que estaban en plantón a las afueras del palacio municipal. Los hechos ocurrieron de madrugada.
Después de los acontecimientos, se dijo que varias camionetas retuvieron a los policías que habían asegurado vehículos. El enfrentamiento dejó nueve muertos y al menos 10 heridos. Además hubo 44 personas detenidas.
El 8 de enero, el entonces comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, declaró a medios de comunicación que: “la cuestión está en que empiezan a transcurrir los días y se empieza a tener reporte de que empieza a haber gente armada, concentración de vehículos y que ya esto no tiene lo que podría ser un piso de una manifestación, sino que inclusive hay condiciones de que este grupo de personas pueda tener un preparativo para alguna otra acción”.
Y este miércoles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que hubo violación de los derechos humanos en el caso, por parte de los policías.
Según la dependencia, en Apatzingán hubo “uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de cinco personas, así como la ejecución extrajudicial de una más, atribuible a policías federales”.
¿Qué significa esto?
En entrevista para La Otra Opinión, el Doctor Javier Oliva –experto en temas de seguridad–, explicó que las deficiencias en la investigación de la autoridad abren huecos para que crezcan los rumores y las versiones envenenadas.
Es decir, que si el Estado mexicano no hace bien su trabajo, es muy probable que los detractores de la autoridad –con su interpretación de los hechos–, comprometa la credibilidad y legitimidad de sus investigaciones.
Pero hay más. Los errores de la autoridad tienen consecuencias incluso más graves si consideramos el contexto en que ocurrió el ataque. Es decir, que más allá de los huecos en la investigación, nadie nunca explicó cómo se formaron las policías rurales, por qué se formaron, de dónde obtuvieron las armas, quién se las dio, de dónde salió el dinero y un largo etcétera.
En este contexto, resulta incluso más alarmante que las comisiones de derechos humanos –ya estatales, ya la nacional–, se conviertan en actores políticos.
O si lo prefiere, que en medio del descontrol que provocan las fallas de la autoridad, si las Comisiones de Derechos Humanos juegan de forma política –favoreciendo a determinados segmentos de poder–, entonces es muy probable que la descomposición aumente.
Por lo anterior, el Doctor Oliva urgió a las organizaciones de derechos humanos a desempeñarse como lo que son, comisiones apartidistas. De lo contrario, si se tornan en un actor político que disputa espacios de poder, su presencia difícilmente ayudará a combatir los abusos a derecho. En realidad, se convertirán en juez y parte; pervertirán su razón de ser.
