La declaración presidencial dejó atónitos no sólo a especialistas del derecho sino a propios y extraños.
Y es que Obrador informó haber instruido a su gobierno para interponer una queja ante la CNDH, por los bloqueos de la CNTE, a vías férreas.
¿Es ignorancia del presidente? ¿Por qué ningún colaborador, como la exministra Olga Sánchez Cordero, le explicó a Obrador el error que cometía? Sí, sería monstruoso confirmar tal nivel de ignorancia por parte del presidente.
Por eso, suponemos que –en el fondo–, más que ignorancia vemos una muestra más de la complicidad del jefe del Estado –López Obrador–, con la banda mafiosa llamada CNTE; que lo mismo saquea dinero público, que secuestra, defrauda a millones de niños a los que deja sin escuela y que hoy violenta la Constitución al amparo del presidente mismo.
Y es que, como ya es público, al bloquear la circulación de trenes y dañar rieles y durmientes de las vías férreas, la CNTE comete delitos graves tipificados en el Código Penal Federal –artículos 140, 164 Bis y 167–, que ameritaban la inmediata intervención de la autoridad federal, la detención de los saboteadores y su presentación ante la autoridad judicial.
¿Pero qué fue lo que ocurrió?
Que en clara violación constitucional –pese a que protestó cumplir la Constitución y sus leyes–, el propio Obrador ordenó a la Fiscalía General no ejercer acción penal contra los mafiosos de la CNTE.
¿Y por qué esa consideración? Porque existe una clara complicidad de Estado; del jefe de las instituciones, López Obrador y la mafiosa CNTE.
Sin embargo, para fortuna de los ciudadanos, la CNDH se mantiene como el último contrapeso ante la monarquía que vivimos en México. ¿Por qué el último contrapeso? Porque su presidente, Luis Raúl González Pérez, no sólo puso en su lugar a Obrador, sino que demostró la complicidad de Estado.
Así lo explicó, claro y contundente; “La CNDH reafirma el valor y la importancia de las protestas pacíficas (que…) debe ser responsable y dentro del marco de la legalidad (y que…) todo planteamiento, demanda o discrepancia, por legítima que ésta sea, necesariamente se deba formular por las vías institucionales y legales.
“En este contexto, si bien es positivo que se busque privilegiar otras vías sobre el uso de la fuerza, tal disposición no puede justificar qué, si eventualmente las instancias de gobierno competentes llegaran a determinar la existencia de algún acto ilegal, sea permisible que las autoridades renuncien o se inhiban de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la integridad, seguridad e intereses de las personas, así como de cumplir y aplicar la ley.
“Las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno están obligadas a proteger y garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar o pretender delegar a terceras instancias.
“El que las autoridades estén obligadas a respetar y defender los derechos humanos no implica que, en virtud de ello, no puedan ejercer sus atribuciones legales o que dicho ejercicio dependa o quede condicionado a que exista un pronunciamiento o resolución por parte de un organismo de protección y defensa de los derechos humanos.
“Por el contrario, la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones puede constituir, por sí misma, una conducta que vulnere derechos fundamentales, máxime cuando se esté en presencia de actos ilegales que atenten contra la integridad física o el patrimonio de las personas.
“Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el fortalecimiento del Estado de Derecho requiere que, tanto los particulares como las autoridades, cumplan y respeten la ley, no pudiendo quedar la observancia de la misma como algo optativo, discrecional o negociable. Ni particulares ni autoridades pueden estar por encima ni al margen de la ley”.
Hasta aquí la cita del comunicado de la CNDH.
Queda claro que estamos ante una complicidad de Estado que debe ser denunciada por el Congreso y sancionada por la Suprema Corte. ¿Hasta cuándo solaparán a un presidente que pisotea la Constitución?
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