La primera interrogante resulta obligada.
¿Qué hay detrás de la persecución de Estado contra Enrique Peña Nieto y contra Alejandro Moreno; ex presidente de México y actual presidente del PRI, respectivamente?
Sí, la respuesta no admite más explicación que motivaciones político- electorales.
Es decir, asistimos a una escalada política y judicial, lanzada desde Palacio y ordenada por el propio López Obrador, quien intenta llegar a la presidencial del 2024 con el estandarte de que el huésped de Palacio habría logrado la muerte del viejo PRI.
¿La muerte del PRI?
En efecto, los estrategas de Palacio tienen listo el diseño de lo que algunos le llaman “el Maximato de Andrés”, y que consiste en garantizar una transición del poder –en 2024–, que sea capaz de cambiar toda la fachada de la gestión de AMLO, sin cambiar nada de fondo.
Dicho de otro modo, que la sucesión presidencial del 2024 pretende ser la instauración de un Maximato con un López Obrador manejando a distancia los hilos del poder y con un puñado de títeres a su servicio.
Y para conseguir tal objetivo una condición –sine qua non–, es la muerte, desaparición o exterminio del viejo PRI, que hoy sólo cuenta con dos gobiernos estatales –los estados de México y Coahuila–, y un puñado de alcaldías, diputaciones federales y locales y algunos senadores.
También en esa ruta resulta evidente que “la joya de la corona” –para llegar al 2024 con posibilidades reales de victoria–, es el triunfo electoral en el estado de México, la entidad con más electores, con más aporte del PIB, con el mayor número de legisladores federales y, sobre todo, en donde se localiza “El nido del águila”.
¿Y qué es” El nido del águila”?
Casi nada; es el lugar de origen de uno de los más poderosos grupos políticos creados por el PRI; el motejado como “Grupo Atlacomulco”, del que son herederos el expresidente Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo, el actual gobernador mexiquense en funciones.
Por esa razón –porque López aspira al exterminio de Atlacomulco, como condición previa al 2024–, hoy asistimos a la persecución contra Peña Nieto y contra Alejandro Moreno, a quienes tratarán de arrinconar con una ilegal andanada judicial para obligarlos a entregar la plaza mexiquense.
Lo que no saben en Palacio, sin embargo, es que como en pocas entidades del país, en el Estado de México despacha uno de los políticos más acabados –y entre los gobernadores mejor evaluados–, además de un potencial candidato presidencial.
Por eso, la batalla contra Peña Nieto, contra el líder del PRI y por el Estado de México no será “un bombón” para López Obrador y, en cambio, se podría convertir en la puntilla para su gobierno.
Y es que la elección del 2023 para renovar el gobierno mexiquense, al mismo tiempo se puede convertir en el mejor laboratorio de prueba para la alianza PRI, PAN, PRD y para mostrarle a México y al mundo que si se puede derrotar a Morena y al grupo en el poder.
Pero vamos por partes.
¿Qué está en juego en las elecciones del 2023, para renovar el gobierno del Estado de México?
1.- Llegar al 2024 con el estado de México en la bolsa resulta, para el grupo político que se alce con la victoria, tener la garantía de entre 5 y 8 puntos porcentuales de la votación en la contienda presidencial.
Ese porcentaje de votos será determinante para cualquiera de las coaliciones en disputa en la presidencial del 2024.
2.- Significaría una de las mayores victorias políticas para cualquier antagonista del PRI; ya que asistiríamos a la muerte del poderoso Grupo Atlacomulco.
3.- Peor aún, una eventual victoria de Morena en tierras mexiquenses significaría la puntilla no solo debajo de la línea de flotación contra el debilitado PRI, sino el fin de la alianza opositora Va Por México.
4.- Pero frente a un escenario contrario, en donde la victoria sea a favor de la alianza PRI, PAN y PRD, se habrá lanzado una poderosa señal a millones de mexicanos y votantes desencantados quienes tendrían frente a sus ojos una prueba de que “sí se puede”.
Por lo pronto, en los días, semanas y meses por venir seremos testigos de la “madre de todas las batallas” lanzada contra el expresidente Peña y el jefe nacional del PRI; una disputa que ya deja ver el lado oscuro, ilegal y hasta violatorio de la Constitución, de la estrategia ordenada desde Palacio.
¿En Palacio ordenaron violar la Constitución?
Efectivamente, han violado la Carta Magna no sólo el presidente López Obrador, sino el jefe de la UIF, Pablo Gómez y, en especial, los responsables de la comunicación del gobierno de México.
Pero de nuevo, vamos por partes.
a). – Resulta que desde la exhibición de supuestas evidencias contra Peña Nieto –en las mañaneras presidenciales–, se violó el Artículo 20 de la Constitución –Fracción V del Apartado A–, que establece: “las parte tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente”.
¿Y eso qué significa?
Que por órdenes del jefe del Estado y del gobierno mexicanos, de nombre López Obrador, el titular de la UIF, de nombre Pablo Gómez, le dispensa un trato desigual a los presunto responsable de los delitos exhibidos; sea Enrique Peña Nieto, sea Alejando Moreno.
Y obligan las preguntas: ¿Por qué no les han dado ese trato desigual a todos los acusados de moches y transas, amigos del presidente Obrador?
b). – El mismo Artículo 20 constitucional señala –en la Fracción I del Apartado B–, que toda persona imputada tiene derecho… “A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.
¿Y eso qué significa?
Que el presidente, el director de la UIF y la oficina de comunicación del gobierno de México está violando el debido proceso y la presunción de inocencia; violaciones constitucionales a los ojos de todos.
c). – Pero la gota que derramó el vaso sobre el cochinero ilegal y la tumultuaria violación constitucional en que han incurrido los lacayos de Palacio, apareció en un mensaje de redes sociales firmado por el “Gobierno de México”, en el que se da a conocer lo siguiente.
“Por lo posibles delitos de tráfico de influencia, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, la @FGRMexico inició una carpeta de investigación en contra del ex gobernador de Campeche y actual líder nacional del PRI”.
Se trata, como queda claro, de otra grave violación constitucional, ya que la fiscalía general es, según la Carta Magna, una institución autónoma del gobierno. Al final, ante tal torpeza de Palacio, la solución fue borrar el mensaje de redes.
Sin embargo, lo grotesco, ilegal y vulgar de la persecución contra Peña Nieto y contra Alejandro Moreno confirma el tamaño del miedo que le tienen en Palacio a una derrota en el estado de México y a una victoria de la alianza PRI, PAN y PRD.
Y el miedo, en política, es la primera señal de la derrota; derrota que perciben en el gobierno de López Obrador.
Al tiempo.
