AMLO tiene sus dos primeras “elecciones de Estado” en Puebla y BC

A lo largo de la historia del presidencialismo mexicano, el partido en el poder ha aprovechado su posición para, de una y otra manera, “apoyar” a sus candidatos en diferentes elecciones locales, a eso es lo que comúnmente se le conoce como “elección de Estado”.

El caso más reciente —porque así lo denunciaron los involucrados, analistas y periodistas— se dio en los comicios para la gubernatura del Estado de México en 2017; donde, con ayuda del entonces presidente Enrique Peña Nieto y su partido el PRI, Alfredo del Mazo Maza venció a la candidata de Morena, Delfina Gómez.

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Bueno, dos años después las cosas han cambiado, ahora Morena es el partido oficial, y está cayendo en los mismos vicios del pasado; ya que tanto en Puebla como en Baja California, los candidatos de oposición han reportado que los abanderados morenistas se han visto beneficiado por el acciones del gobierno federal.

Le elección Puebla es extraordinaria —pues la entidad se quedó con un mandatario interino después del fallecimiento de Martha Érika Alonso—, los candidatos son Miguel Barbosa Huerta, por la Coalición Juntos Haremos Historia; Enrique Cárdenas por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; y Alberto Jiménez Merino, por el PRI.

Desde el comienzo la asignación de Barbosa fue controvertida —ya habían sido candidato en las elecciones de 2018, que perdió— pues volvió “al ruedo” y todo apunta que a ganará; sin embargo, Cárdenas ha dicho, en varias ocasiones, que la contienda no fue pareja, ya que Morena ha presionado a diferentes organizaciones para que voten por sus opción.

Y no solo eso, de acuerdo con el ex rector de la Universidad de las Américas, tanto el gobierno interino, como el federal “se han metido mucho”, más de los que esperaba.

“El gobierno interino se ha metido muchísimo, el gobierno federal también de alguna manera, pero no pensé que se fuera a meter así. Sabíamos que iba a ser complejo, pero nunca pensamos que el gobierno del estado se iba a meter tanto a la elección”, declaró al diario Milenio.

También detalló que “han movido mucho dinero”, pero aclaró que esa parte le corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) investigarla.

“Hay muchísimo dinero por ahí que se está dando, claro no tengo pruebas para decir aquí, aquí y aquí, pues para eso está el INE. Yo lo que le puedo decir al INE es que fiscalice bien, no solamente donde parece que se puede gastar dinero, y la parte política es muy fuerte, hay mucha gente amedrentada en los sindicatos en oficinas de gobierno, los propios servidores públicos”, agregó.

El caso Bonilla

Mientras tanto, en el norte del país “no cantan mal las rancheras”, ya que tanto el PRD como el PAN han denunciado varias irregularidades en contra del candidato de Morena, Jaime Bonilla; algunas muy elementales, como su nacionalidad.

Resulta que Jaime Bonilla Valdez tiene la doble nacionalidad, norteamericana y mexicana —inclusive, trascendió que apoyó abiertamente a Donald Trump, John McCain y Duncan Hunter, senador que se ha expresado a favor de la construcción del muro fronterizo—.

En teoría Bonilla Valdez renunció a su nacionalidad estadounidense en 2012, pero Jaime Martínez Veloz ,candidato por el PRD, denunció que todavía aparece en el registro electoral de aquel país; algo que está tipificado como delito electoral.

Por su parte, Verónica Juárez —coordinadora el sol azteca en la Cámara de Diputados— dio cuenta de que el candidato de Morena mantiene un conflicto de interés en la entidad, pues de la mano del actual gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, promovieron la Ley de Adquisiciones Público Privadas, misma que generó un endeudamiento, para el estado, por 84 mil millones de pesos, mismos que se destinaron a la construcción de la planta desalinizadora de Rosarito.

Incluso, la concesión de dicha planta se le otorgó a la empresa Otay Water District, de la que Bonilla fue directivo en los años 2002, 2004 y 2012.

Sin dejar de mencionar, que, en su momento, trascendió que Bonilla Valdez es dueño de una propiedad en San Diego, California, que está valuada en 24 millones de pesos, y no ha hecho pública en su declaración patrimonial.

Tales acusaciones son graves, por tal motivo el PRD interpuso varias demandas, pero parece que al INE y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) poco les interesa investigarlos.