En su definición más clásica (Bobbio, Matteucci y Pasquino) el “golpe de Estado” se entiende como: “una violación deliberada de las formas constitucionales impulsada por un gobierno, una asamblea o un grupo de personas que detentan el poder o la autoridad”.
De esa manera, el “Plan B” propuesto por López Obrador para destruir al INE y la democracia toda y aprobado por las cámaras del Congreso en clara violación constitucional, no se puede llamar de otra forma que un “golpe de Estado” diseñado por el Ejecutivo y avalado por el Legislativo.
Sí, un acto que violenta la Constitución, ordenado por el jefe del gobierno y del Estado mexicanos y que de manera ciega fue avalado por el partido oficial y sus aliados en el Congreso.
Un “golpe de Estado” puro y duro que, en democracia, debiera ser rechazado por la Suprema Corte, pero que también será avalado por el Máximo Tribunal porque igual que la mayoría en el Congreso, los ministros de La Corte son lacayos del presidente.
Un “golpe de Estado” que, sobre todo, busca perpetuar en el poder al grupo dominante –a la dictadura “lopista” –, y que para ello recurrió al extremo del sabotaje legal para arrebatarles a los ciudadanos derechos y libertades fundamentales como el “sufragio efectivo” y “la no reelección”
Y es que el sustantivo masculino “sabotaje” significa la obstrucción, destrucción, modificación o alteración deliberada de un proceso, un equipo, una operación o una ley, con el propósito de causar daño y obtener un beneficio de manera deshonesta.
Y todo eso lo promovió con su “Plan B” el presidente mexicano y lo aprobaron los lacayos de Morena en el Congreso de la Unión.
Y es que en política y, en especial en la política mexicana, el “sabotaje” es una de las prácticas más recurrentes para dañar y/o destruir al adversario y, sobre todo, para obtener un beneficio, utilizando el camino ilegal.
Así, por ejemplo, artistas del “sabotaje” como Obrador han sido capaces de sabotear una elección, a un gobierno completo y, en el agonizante 2022, el mandatario mexicano parece empeñado en sabotear al país entero; sabotear los derechos y las libertades fundamentales de 130 millones de mexicanos.
Y viene a cuento el tema porque hoy, a pesar de la presión ejercida desde Palacio contra diputados y senadores de todos los partidos –a pesar del sabotaje contra los opositores–, nadie sabe en qué terminará la ley electoral de López y cuál será el futuro de la democracia mexicana y de los derechos civiles de los ciudadanos.
Nadie sabe si, al final, la Suprema Corte será capaz de cumplir su encomienda constitucional y en una suerte de “milagro divino” decidirá invalidar el “bodrio electoral” de Palacio llamado “Plan B”.
Tampoco se sabe –bien a bien–, el tamaño del daño y del sabotaje que los irresponsables de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados –incluidos sus aliados–, le causarán a la democracia mexicana y a sus leyes electorales vigentes.
Pero, sobre todo, “nadie sabe para quien trabaja” en el intento presidencial por destruir al INE y la democracia toda.
¿Y por qué nadie sabe para quién trabaja en el “Plan B” de López?
Porque en rigor el “golpe de Estado” y “el sabotaje” promovidos desde Palacio también van dirigidos a debilitar al propio gobierno federal y, sobre todo, a los potenciales aspirantes presidenciales de Morena.
¡Lo dudan?
Está claro que el “bodrio electoral” llamado “Plan B” no solo es un “golpe de Estado” y “un sabotaje” a la Constitución y a las leyes electorales que de ella emanan.
Está claro que se trata de la cancelación del sufragio efectivo y la no reelección; que es un sabotaje a derechos humanos y libertades fundamentales, como el derecho al voto y el respeto irrestricto al sufragio ciudadano.
Pero también está claro que el “golpe de Estado” y “el sabotaje” impulsados desde Palacio y avalados por el Congreso derribarán todo vestigio de legitimidad, legalidad y autoridad en el propio gobierno de AMLO, en sus legisladores y en su partido.
Pero el daño mayor que provocarán el “golpe de Estado” y “el sabotaje” al INE y a la Constitución será contra la legitimidad de los precandidatos y candidatos de Morena a puestos de elección popular.
En especial dejará en calidad de ilegítimos y altamente cuestionados a los aspirantes de Morena a la Ciudad de México y a la candidatura presidencial para el 2024 y a la elección presidencial toda.
Por eso las preguntas.
¿Quién va a confiar en la legalidad, legitimidad y seriedad de las candidaturas de Claudia, de Marcelo y de Adán Augusto? ¿Quién va a confiar en la legalidad, imparcialidad y certeza de las elecciones del 2024?
Sí, el “Plan B” de López destruye al INE y la democracia toda, pero también destruye al propio López Obrador y a su eventual sucesor.
Al tiempo.
