Los promotores del Tren Maya eliminaron aspectos negativos relacionados con su trazado, demanda y riesgos constructivos entregados en la ‘Asesoría Económico Financiera’ por la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC).
Así lo reveló El Universal, medio que asegura que entre las casi siete mil 500 páginas que PWC entregó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se escondieron datos y censuraron secciones en el Análisis Costo Beneficio que debe presentarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar luz verde a un proyecto.
De acuerdo al medio, en estas páginas que consiguió vía transparencia y Fonatur pagó 32 millones de pesos, se observa cómo diferentes críticas y precisiones fueron eliminadas de los informes finales, esto para no generar más retraso en la obra la cual AMLO prometió dejar funcionando a finales de 2023.
Cabe señalar que no es la primera vez que las autoridades censuran críticas al Tren Maya en informes encargados por ellas mismas, ni que retuercen la legislación para acelerar plazos, o que son señaladas por solo hablar de los beneficios del proyecto y nunca de sus riesgos.
El Universal recuerda cuando testimonios se quejaban de la falta de información para poder tomar una decisión en la consulta para aprobar el Tren Maya y la ONU confirmó que la votación no cumplió con los estándares internacionales.
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También recuerda cuando el Conacyt invitó a más de 30 investigadores para conformar este grupo con el fin de estudiar las afectaciones y publicar un análisis antes de la consulta, pero al ver que era crítico con el proyecto, fue detenida su publicación y difusión en diversas ocasiones y solo vio a la luz una vez se denunció el ocultamiento.
Otro caso se vio cuando Fonatur decidió retorcer la legislación ambiental en contra del consejo y análisis de los asesores y estudios ambientales para poder comenzar la construcción sin tener una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Tanto desde Fonatur como desde Presidencia se ha amedrentado y criminalizado a los críticos con el Tren Maya.
También se documentó que algunos juzgados huyen de los amparos contra el proyecto, teniendo que ser obligados por tribunales colegiados a admitir recursos contra el megaproyecto, mientras los ciudadanos amparados se sienten criminalizados desde el poder ejecutivo.
Con información de El Universal
AIS
