El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió mover a Carlos Romero Aranda de la Procuraduría Fiscal al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) para protegerlo de los señalamientos de corrupción que pesan en su contra.
Y es que Romero Aranda podría ser acusado de enriquecimiento ilícito y de uso indebido de atribuciones, por lo menos.
De acuerdo con la revista Proceso, de 2013 a 2020 Romero Aranda adquirió bienes inmuebles por un valor de 28.8 millones de pesos, cuando en ese lapso reportó haber obtenido ingresos por solo 6.5 millones.
A la Secretaría de la Función Pública y a la Unidad de Inteligencia Financiera les ha pasado de noche este dato.
Ex procurador fiscal ayudó a atacar a científicos del Conacyt
Además, Carlos Romero Aranda ha sido señalado por presentar denuncias penales por presunto lavado de dinero en contra de varios científicos del Conacyt, algo que no está dentro de sus atribuciones.
Estas denuncias sirvieron como pretexto al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para perseguir judicialmente a 31 científicos y ex directivos del Conacyt.
Con el cobijo político que le da a Romero Aranda, a quien colocará en una tarea técnica, lejos de los reflectores, López Obrador confirma una vez más que su lucha contra la corrupción es puro atole con el dedo.
JC
