Resulta contradictorio que el presidente Andrés Manuel López Obrador le diga a los gobernadores durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública que el gobierno federal no les impondría absolutamente nada, cuando la figura de los llamados “superdelegados” dice totalmente contrario.
“Voy a tener con ustedes gobernadores una franca comunicación permanente abierta y franca, cada vez que sea necesario vamos a hablar, vamos a comunicarnos, vamos a intercambiar puntos de vista, siendo respetuosos de la soberanía de los estados y de la libertad. No vamos a imponer absolutamente nada”, resaltó el mandatario.
Esto, sin duda, es un discurso contrario a lo que declaró hoy por la tarde, pues 12 gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) y Enrique Alfaro, mandatario electo de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC), han manifestado su inconformidad con la nueva figura que plantea el tabasqueño y que se incluye en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que avaló el Senado.
Así también han señalado que la figura de los “superdelegados” es una imposición y un atropello a la soberanía de los estados.
Los gobernadores que han mostrado su inconformidad por los superdelegados de AMLO son:
- Martín Orozco de Aguascalientes.
- Francisco Vega de Baja California.
- Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur.
- Javier Corral de Chihuahua.
- José Rosas Aispuro de Durango.
- Diego Sinhue Rodríguez de Guanajuato.
- Antonio Echevarría de Nayarit.
- Antonio Gali de Puebla.
- Francisco Domínguez de Querétaro.
- Carlos Joaquín de Quintana Roo.
- Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas.
- Mauricio Vila de Yucatán.
- Enrique Alfaro de Jalisco.
En tanto, hace unos días un bloque de la oposición acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para buscar una suspensión contra las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para bloquear a los superdelegados del presidente, Andrés Manuel.
Sin embargo, no se otorgó la suspensión respecto de los efectos, solicitada en la acción de inconstitucionalidad 120/2018.
En tanto, el ministro dio un plazo de 15 días hábiles al Congreso de la Unión y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para responder a las demandas.
