La instrucción fue tajante; acabar con el Congreso, palabras más, palabras menos. Y el instructor fue nada menos que el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Por lo menos es lo que se entiende de la entrevista que ofreció al periodista Ciro Gómez Leyva el diputado electo Mario Delgado, al referirse a la instrucción de AMLO –a los legisladores de Morena–, para “quitar todas las trabas” a la legislación sobre consulta ciudadana.
La urgencia se justifica con la consulta ciudadana para continuar o no con la construcción del nuevo aeropuerto. Sin embargo, se trata de una zanahoria envenenada. ¿Por qué?
Porque si analizamos el fondo de lo que significa “quitar todas las trabas” legales y constitucionales, encontraremos que el blanco es acabar con el Congreso, el único contrapeso real a una dictadura.
El mensaje está claro. El nuevo Presidente seguirá la ruta de dictadores como Hugo Chávez y Nicolás Maduro –entre otros–, para desaparecer al Congreso y para sustituir sus funciones por la consulta popular.
Dicho de otro modo; el primer paso de un gobierno dictatorial será quitar del camino al estorboso Congreso –estorbo que recio y quedito ha manifestado AMLO–, y el segundo paso será acabar con el concepto de democracia representativa.
En los hechos, López Obrador gobernará mediante consultas populares y decretos, haciendo a un lado al Congreso.
Y ya desde el 11 de julio Obrador había adelantado que una de sus prioridades sería “quitar trabas o candidatos para aplicar todos los procedimientos de consulta ciudadana que deberán tener carácter vinculatorio”.
Lo que no sabía el Presidente electo es que ya existe una ley que regula la figura de consulta ciudadana, que su vigencia es de carácter constitucional y que tiene candados que impiden abusos precisamente como los que pretende el nuevo presidente.
Pero tampoco es nueva la fobia de AMLO al Congreso y su gusto por los gobiernos autoritarios. Cuando era jefe de gobierno del entonces DF, gobernó al margen de la Asamblea Legislativa y “le dio la vuelta al Congreso capitalino” mediante los bandos; decretos autoritarios que no pasaban por el Congreso.
¿Pero hasta dónde llega la instrucción de “quitar todas las trabas” legislativas de la consulta popular?
Pasa por la reforma al 35 constitucional que establece que la consulta se debe realizar en una elección federal, la pregunta deberá ser aprobada por La Corte y será vinculante sólo con la participación del 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.
Además de que “no podrán ser objeto de consulta popular” los derechos humanos, los principios del artículo 40 constitucional –ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas–, y que La Corte resolverá la constitucionalidad de la consulta.
En pocas palabras, lo que propone el presidente electo es “mandar al diablo al Congreso” y acabar con la democracia representativa.
¿Así o más claro? ¡Vamos a una dictadura!
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