Las elecciones del 5 de junio todavía no terminan. Poco más de cuatro meses después de la jornada electoral, el PAN podría perder una de las siete gubernaturas que ganó en las urnas.
Se trata de Aguascalientes, donde la victoria del blanquiazul Martín Orozco Sandoval superó por apenas dos por ciento de los votos a Lorena Martínez, candidata de la colación “Aguascalientes Grande y Para Todos”, conformada por el PRI, el Partido Verde, el PT y Nueva Alianza.
Luego de una elección que —se presume—estuvo plagada de irregularidades— tanto el PRI como Morena presentaron una impugnación ante en Tribunal Electoral de Aguascalientes, misma que fue desestimada por el órgano local. Sin embargo, ambos partidos acudieron a instancias federales —el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)— donde, al parecer, la impugnación sí podría proceder.
De acuerdo con Alejo Sánchez Cano —columnista de El financiero— el TEPJF podría convocar a una elección extraordinaria en Aguascalientes en consideración de los recursos presentados por el PRI y Morena.
Para sustentar esta especulación, Sánchez Cano recuerda dos irregularidades que podrían ameritar la nulidad de la elección:
La primera es el “error humano” reconocido por el Instituto Electoral de Aguascalientes, que olvidó contar 2 mil 800 votos. La segunda es la participación de la Iglesia católica: antes de la jornada electoral, ministros de culto llamaron a sus fieles a votar por los candidatos acordes con los principios de la Iglesia”, esto en rechazo a la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto a favor del matrimonio igualitario y la adopción homoparental —declaraciones que podrían ser interpretadas como un llamado para el voto de castigo hacia el PRI—.
A estos argumentos es preciso sumar otras irregularidades que podrían apuntar hacia una resolución de TEPJF que tienda hacia la convocatoria a una elección extraordinaria:
En primer lugar, el PRI argumenta que en lugar de 2 mil 800, los votos que no fueron computados son 3 mil 120.
En segundo, se argumenta que el alcalde de la capital del estado, Juan Antonio Martín del Campo —de extracción panista— entregó despensas para promover el voto a favor de Martín Orozco Sandoval.
Y por si fuera poco, la situación jurídica del gobernador electo no es muy clara. Orozco Sandoval enfrenta un proceso penal iniciado en 2010 por un presunto tráfico de influencias para adquirir terrenos en 2007, cuando era alcalde de la capital del estado. El equipo jurídico del PRI argumenta que la figura de gobernador electo no otorga fuero, por lo que los derechos políticos de Orozco podrían ser suspendidos de manera que no pueda tomar posesión.
Así las cosas, la gubernatura panista de Aguascalientes pende de un hilo.
Para la imagen del PAN, un revés en Aguascalientes —si se llegan a comprobar todas las irregularidades denunciadas— podría ser tan dañino como benéficas fueron las siete victorias en las elecciones de gobernadores de 2016.
