Organizaciones, activistas y familiares de víctimas del incendio que se registró en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, solicitaron al Senado de la República desaparecer las 35 estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y las más de 350 provisionales que funcionan como un sistema carcelario.
Además, exigieron transparentar las investigaciones y sancionar a todos los funcionarios responsables de la tragedia ocurrida el 27 de marzo de este año en la estación migratoria Lerdo-Stanton, en donde 40 migrantes centroamericanos fallecieron y decenas resultaron heridos.
Se han registrado detenciones arbitrarias y abusos
En una reunión con el Grupo de Trabajo de Senado que da seguimiento a dicho siniestro, las organizaciones y familiares expusieron que ello era consecuencia directa de un sistema y de políticas migratorias que criminalizan, victimizan y tratan desincentivar la migración internacional de personas en tránsito por México.
Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración, solicitó a los y las legisladoras un cambio estructural en la política migratoria y la desaparición de las estaciones migratorias porque, de manera cotidiana, se registran detenciones arbitrarias, no hay condiciones de salud digna para los migrantes y se registra abuso físico y sexual.
Como ejemplo, mencionó que desde el año 2018, cuando inició el actual sexenio, se han registrado 41 motines, cuatro incendios y desde 2015 más de 60 muertes en estaciones migratorias.
Por su parte, Lorena Cano Padilla, abogada en el Instituto para las Mujeres en la Migración, aseveró que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha permitido el acceso a expedientes médicos de los migrantes lesionados en esta tragedia, por lo que no se les ha garantizado la reparación integral del daño.
Denuncian falta de transparencia en caso de incendio en estación migratoria
Los representantes de organizaciones de la sociedad civil que apoyan a los familiares de las víctimas del incendio, denunciaron que las gestiones de las autoridades mexicanas para investigar el caso, reparar el daño a las víctimas y a sus familias no son transparentes; además, acusaron que la revictimización, el hostigamiento a las y los sobrevivientes y sus familias han caracterizado todo el proceso.
Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, afirmó que legisladores y legisladoras de este Grupo de trabajo acudirán a Ciudad Juárez, Chihuahua, para reunirse con migrantes y escuchar sus necesidades.
Agregó que visitarán la estación migratoria de este Estado y las instalaciones de la nueva estancia provisional, ubicada en el Puente Internacional Zaragoza-Ysleta, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la cual brindará atención y servicio a un máximo de 80 personas migrantes extranjeras en esta región fronteriza y que sustituirá al inmueble que quedó inhabilitado después del incendio del 27 de marzo pasado.
Destacó que es necesario incluir en el grupo de trabajo a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que, en colaboración con legisladores y las organizaciones civiles, den respuesta a todas las solicitudes que han presentado los colectivos ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Se tiene la instrucción de analizar qué sucedió en la estación migratoria en Cd. Juárez
Por su parte, Kenia López Rabadán, senadora del PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, reconoció que, a casi cuatro meses de haber ocurrido el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha pedido perdón a las víctimas directas e indirectas de este “crimen de Estado”.
“Decirles a los migrantes que a casi cuatro meses de la tragedia, el gobierno no les ha pedido perdón. Yo, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, reconozco la omisión del Estado mexicano, reconozco la injusticia, reconozco que este fue un crimen de Estado y seguiré alzando la voz por los migrantes y los mexicanos que necesitan que los representen en estos espacios legislativos”, dijo.
A su vez, Rafael Espino de la Peña, presidente del Grupo de trabajo, sostuvo que los planteamientos vertidos en la reunión se tomarán en cuenta en el informe que elaborará esta instancia para presentarlo ante el Pleno.
Recordó que las y los senadores tienen la instrucción de analizar qué sucedió y dar seguimiento a los mecanismos de apoyo para proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes, con el propósito de legislar para remediar los problemas estructurales que arrastra la política de atención migratoria.
Con información de El Universal
MSA
