Mientras los maestros de la CNTE y de la Sección 22 juegan a hacer grilla en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México; la sociedad civil organizada y los jueces federales cumplen con su labor cívica. En fechas recientes, un togado declaró inconstitucionales los principales acuerdos de la Segob con el magisterio, logrados entre 1992 y 2015.
La organización Mexicanos Primero –una iniciativa independiente que se enfoca en buscar mejoras en el sistema educativo del país–, impugnó los pactos entre las instancias referidas porque, dicen, afectan de manera sistemática el derecho humano a la educación.
De acuerdo con la información, los compromisos asumidos –entre la Sección 22 y la Secretaría de Gobernación– que deberán cancelarse son:
- El otorgamiento de plazas docentes de calidad de patrimonio del Sindicato.
- La no remoción de los maestros o cambio de funciones que éstos realizaban antes de 2013, cuando entró en vigor la nueva reforma educativa.
- La garantía de un “banco de plazas como patrimonio” y nombramiento de funcionarios estatales.
- La permanencia de los maestros que reprobaran la tercera evaluación.
- El beneficio de los derechos por carrera magisterial aun teniendo un mal desempeño.
De este modo, el presidente de Mexicanos Primero, Claudio X. González, celebró el fallo y agregó que el Poder Judicial corrigió la plana del Ejecutivo para decirle que se debe ceñir a la Constitución y a las leyes en los acuerdos y negociaciones con los grupos magisteriales.
En La Otra Opinión nos sumamos al reconocimiento; pues todo indica que una parte de la sociedad –y de la autoridad– hacen lo que les corresponde.
