A poco más de dos meses de la elección presidencial –a 61 días para ser precisos–, cunde el pánico en Palacio.
Y no sólo se trata del miedo a perder una de las elecciones más grandes de la historia, sino del pánico que provoca el peligro de que toda la banda mafiosa de Morena pagaría con cárcel la rapiña en que convirtieron el sexenio.
Pero la peor noticia es que a mayor miedo oficial sobre el resultado de los comicios, es mayor la tentación del fraude de Estado y más la posibilidad de que participen en las urnas las bandas criminales; verdaderos grupos de poder fáctico que ya operaron en la selección de candidatos.
Y es que no sólo se trata del miedo natural de aquellos gobiernos y gobernantes que serán sometidos al escrutinio ciudadano en las urnas, sino que el presidente es el más asustado porque sabe que en una elección limpia, será reprobado y sin duda pagará con cárcel, junto con toda su pandilla criminal.
Por eso, todos los días, López Obrador y su claque recurren a la trampa, al engaño y la violación constitucional. Por eso crece el cerco que controla a los árbitros electorales –locales y federal–; por eso el cuento de un golpe de Estado y por eso amenazan con el terrorismo de una narco-elección.
Pero también por eso confirman que: “quien hace la ley hace la trampa”.
¿Y qué significa “quien hace la ley hace la trampa”?
Casi nada, que los exigentes opositores de ayer, los que perfeccionaron las leyes electorales, hoy son los que más violentan la legislación electoral.
Y si dudan, vale recordar que buena parte de la vigente Ley Electoral fue producto de presiones de Obrador, quien de forma legítima exigió una legislación capaz de impedir una elección de Estado que evitará la intromisión presidencial y garantizará la vigencia de los árbitros electorales.
Casualmente todo lo que exigió López que se incluyera en las leyes electorales previas a 2018, es todo aquello que hoy violenta Obrador, lo que confirma que no solo tiene miedo el escrutinio ciudadano en las urnas, sino pánico a una candidata opositora que le hará pagar todas sus raterías.
Y es que, si el presidente y su candidata Claudia realmente tuvieran la certeza de ganar la elección presidencial; si creyeran que tienen la victoria en la bolsa, no tendrían por qué violar la Constitución de forma cotidiana; no tendrían por qué usar dinero público y dinero negro para pagar acarreo y bots contra críticos del poder y menos para presionar a los medios independientes.
Si realmente tuvieran la victoria en la bolsa, ¿qué sentido tendría alterar las encuestas, violar la Constitución a diario, asustar a los votantes con el “petate del golpe de Estado” y, sobre todo, para qué perseguir a opositores?
Lo cierto es que al tiempo que el pánico se apodera de Palacio y del presidente, en esa medida Obrador actúa como jefe de campaña de Claudia y en esa medida comete todas las violaciones constitucionales que el candidato López censuró a los mandatarios, cuando era aspirante presidencial.
Pero vamos por partes.
Como saben, el domingo 2 de junio los mexicanos votaremos por un nuevo presidente, para renovar el Congreso –diputados y senadores–, por mudar 31 congresos locales, casi mil ayuntamientos y para renovar los gobiernos de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México.
Ahora las preguntas.
¿En cuántos de esos casi 20 mil cargos de elección en disputa ya se impulsa una elección de Estado desde Palacio? ¿En cuantos gobiernos municipales y estatales, AMLO y su candidata estimulan un fraude mediante la intromisión del crimen organizado? ¿En cuantos gobiernos estatales el voto popular no servirá de nada frente al fraude de Estado?
Hoy todos sabemos la respuesta a las interrogantes arriba planteadas.
Sí, López Obrador ya instruyó a todos los gobernadores de Morena a realizar un fraude a favor de Claudia; un fraude en el que participarán no sólo los comandos del crimen, sino militares y marinos; un fraude en donde se utilizan miles de millones de pesos saqueados del dinero público y de origen criminal y en donde ya se compraron y controlaron los árbitros electorales.
La respuesta anterior es el diagnóstico que hago aquí, a 61 días del 2 de junio próximo. Quisiera equivocarme, sin embargo, el problema es que el fraude ya está en marcha.
Pero también es cierto que no todo está perdido. Sí, existe una posibilidad de cambio; una posibilidad mínima, casi imposible, pero real.
¿Y cuál es esa posibilidad?
Que sufraguen por lo menos 7 de cada diez votantes potenciales; algo así como 70% del padrón electoral. Sí, sólo un voto masivo aplastará el fraude.
Sí, algo nunca visto.
¿Seremos capaces de esa grandeza?
Al tiempo.
