El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que debido al recorte en su presupuesto para 2019 aprobado por la Cámara de Diputados, se ve obligado a cancelar o suspender 14 estudios y reajustar los paquetes de remuneración de los servidores públicos del organismo.
Ante esto, el presidente del instituto, Julio Santaella Castell, señaló que el INEGI está pensando en presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –como lo ha hecho el INE–, pero por ahora se reservan el derecho.
El INEGI sufrió un recorte de 500 millones de pesos, quedando con un presupuesto de 12 mil 129 millones para este año, afectando a proyectos como el Censo Agropecuario y la Encuesta Nacional de los Hogares.
Asimismo, este recorte presupuestal ha afectado a 68 altos funcionarios, a quienes se les redujo el salario; a 8 mil más se les quitó el seguro de separación individualizada y más de 12 mil se quedaron sin seguros de gasto médicos mayores. En tanto, expuso que esto impedirá el desarrollo, retención y el crecimiento del personal; ya no habrá una alta rotación y se acabarán las mejores competencias.
“El servicio público puede tener problemas de incompetencia y la evidencia nos dice que también generamos incentivos para la corrupción”.
