La anterior no es una interrogante cualquiera y menos una ocurrencia de ocasión.
No, la pregunta anterior se formula y se escucha tanto en tertulias, como en reuniones familiares, en medios y hasta en comederos políticos.
Y sin duda se trata de un escenario obligado, una vez que el poder dictatorial de Morena pretende convertirse, por ley, no sólo en poseedor de la verdad absoluta, sino en árbitro capaz de sancionar a medios y periodistas que, en su particular opinión, no hablan con la verdad.
Y por eso, frente al escenario anterior, obliga preguntar.
¿Y quién garantiza a los ciudadanos mexicanos que es verdad aquello que a diario difunde la señora presidenta en sus mañaneras?
¿Quién garantiza a los ciudadanos el derecho a la información pública y que esa información sea la correcta?
¿Y qué tal si se consulta a las audiencias, para saber que opinan de la mentirosa y dictatorial “mañanera del pueblo”?
¿Y qué tal si esas audiencias deciden exigir el fin de la mentirosa propaganda oficial, disfrazada de información oficial? Es decir, el “fin de las mañaneras del pueblo”.
¿O qué tal si la presidenta se compromete a que en las mañaneras hará lo mismo que desde el poder será exigido a los medios y a los periodistas?
Dicho de otro modo; ¿Qué tal si en Palacio la propia presidenta se obliga a otorgar el “derecho de réplica” a las audiencias sobre lo que dice en las “mañaneras”?
¿Qué tal si se compromete a explicar frente a esas mismas audiencias que aquello que dice en los mensajes presidenciales es noticia, opinión, entrevista o reportaje…?
Y viene a cuento el tema porque, como saben, la iniciativa oficial para la regulación de los “derechos de las audiencias” ya no sólo es un escándalo nacional, sino internacional.
¿Y por qué se ha convertido en escándalo internacional?
Porque la iniciativa de la presidenta mexicana, para someter a los medios y a los periodistas, ya es un debate que se conoce allende fronteras.
Por ejemplo, en días pasados, el reputado diario norteamericano, The Wall Street Journal publicó un artículo de opinión en donde señala que la iniciativa de la presidenta mexicana, dizque para regular los derechos de las audiencias, en realidad “abre la puerta a la censura” en radio, televisión y, sobre todo, en plataformas digitales.
En efecto, la propia prensa extranjera reconoce que, con esa reforma, el gobierno mexicano pretende convertirse “en árbitro de la vedad”, con el argumento de que se trata de una iniciativa para proteger al público de la desinformación, cuando en realidad, con tal iniciativa se debilitan libertades y derechos individuales que son fundamentales en toda democracia.
¿Libertades y derechos fundamentales para los mexicanos?
Sí, libertades como la de expresión y derechos como el derecho a la información de lo que hace, de lo que gasta y de lo que deja de hacer el gobierno en turno.
En el primer caso, si bien la libertad de expresión está regulada por la Constitución y sus límites son el daño a terceros, la alteración de la paz pública, la difamación y la calumnia, lo cierto es que con la “regulación de las audiencias” cualquier ciudadano puede exigirle al gobierno que cierre tal o cual noticiero, tal o cual canal de televisión o estación de radio, con el argumento de que no le parece lo que se informa.
A su vez, el derecho a la información es un derecho que, en la práctica, está cancelado en México desde 2018, ya que los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum han “reservado información”, con el cuento de la “seguridad nacional”, al extremo de que todas las raterías de los gobiernos de Morena están ocultas por decreto.
Por eso, no son pocos los ciudadanos que proponen la desaparición de las “mañaneras”, que no son más que un compendio de mentiras y falsedades que, en los hechos, encubren a una dictadura.
¿Se atreverán en Palacio a preguntar a los ciudadanos lo que opinan de las “mañaneras”; si los ciudadanos quieren que sigan o que se cancelen las mentirosas “mañaneras”?
Al tiempo.
