El pasado sábado 25 de julio se cumplieron dos años de que se instaló el terror extremo en el estado de Sinaloa.
Sí, 24 meses de vivir día a día en medio de una de las mayores olas de violencia que se recuerde en todo el país.
Años en los que en todo el estado no existieron los gobiernos municipales, tampoco el gobierno estatal y menos el federal.
Una intolerable ingobernabilidad que ha costado casi cuatro mil vidas y un número similar de desaparecidos, sólo en Sinaloa y sus principales municipios en donde hoy, la única ley es “la ley de la selva”.
Años y meses en los que la vida cotidiana se desarrolló en medio de impensables atrocidades; de la brutalidad del crimen organizado y que obligó a muchos sinaloenses a vivir en el resguardo de sus viviendas, si no contaban con la alternativa de abandonar “el terruño”.
Pero, además, 24 meses que llevaron a la quiebra a la economía estatal, en medio de la indiferencia federal que, también por años, prefirió solapar a los políticos locales que –por pura casualidad–, hoy son señalados por el gobierno norteamericano como parte de una mafia que amalgama a los cárteles criminales con la política y que todos conocen como Partido Morena.
Una historia que comenzó el 25 de julio del 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada fue entregado al gobierno de Estados Unidos, en complicidad con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, lo que desató “una guerra a muerte” entre los antiguos socio.
Historia que también cobró la vida del diputado Héctor Melesio Cuén, cuyo crimen pretendió ser ocultado por el gobierno estatal, que intentó hacerlo pasar como un asalto fallido, cuando en realidad fue parte del terror desatado desde entonces.
Sí, una guerra declarada entre las dos facciones que fracturaron al llamado “Cártel de Sinaloa” y que ha producido incontables atentados, algunas de las peores masacres, secuestros, incendios deliberados y “el horror de un infierno” que parece no tener fin.
Un horror no sólo impensable, sino intolerable e imparable que sólo se entiende por la complicidad de los gobiernos de Morena –en sus tres órdenes de gobierno–, y por una deuda histórica de los dueños del partido oficial mexicano, con quienes no sólo financiaron su nacimiento, sino las elecciones que hicieron posible su llegada al poder.
Pero la escandalosa complicidad entre el partido oficial y los más poderosos cárteles criminales, además de la aterradora violencia desatada en Sinaloa a causa de la disputa entre las facciones dominantes –“Chapitos” y “Mayiza”–, rebasó rápidamente las fronteras y alarmó al vecino del Norte.
Por eso, en los últimos días de abril del 2026, el mundo se enteró que el Departamento de Justicia del gobierno de Trump, reveló una lista de políticos sinaloenses presuntos colaboradores del Cártel de Sinaloa.
El primero en la lista era nada menos que el gobernador Rubén Rocha Moya, además del alcalde Juan de Dios Gámez, el Senador Enrique Inzunza y el ex secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, entre otros.
El escándalo fue tal que el gobierno federal ordenó el retiro del cargo de los señalados, a quienes de manera increíble también se les brindó protección militar. Hasta hoy muchos de ellos son “Los Intocables”.
Lo simpático del asunto es que nada de lo ocurrido en Sinaloa es novedad para los lectores del Itinerario Político. ¿Por qué? Porque en la entrega del 13 de octubre del 2020, titulada: “El crimen organizado hará el fraude en 2021”, exhibí las pautas de la “narco-elección” por venir.
Así lo dije: “La contienda electoral del 2021 –a ocho meses de distancia–, podría ser la elección en la que participen, con mayor intensidad, los tentáculos del crimen organizado.
“Y es que hoy las bandas criminales son parte pública de la vida nacional; son dueños de gobiernos estatales y municipales; de puestos de elección popular en congresos locales, en el Congreso de la Unión, y hasta son amigos del presidente y de no pocos de sus secretarios de despacho, quienes no solo “los dejan trabajar a sus anchas” sino que los liberan cuando son capturados, como el caso emblema de Ovidio Guzmán, motejado como “El Chapito”, liberado por orden presidencial.
“Por eso, hoy la pregunta no es si los “barones del crimen” participarán en las elecciones del 2021. No, la interrogante es otra: ¿A favor de qué partido político jugarán sus cartas las bandas criminales?
¿Pero que creen? Que también es cierto que la respuesta anterior todos la conocen. Sí, resulta que las principales bandas criminales jugarán a favor de no pocos de los candidatos del partido oficial, de Morena, aliados con gobiernos estatales y municipales, pero, sobre todo, aliados del gobierno federal… Al tiempo”. (FIN DE LA CITA)
La mayor tragedia es que en las elecciones federales, estatales y municipales del 2027 se repetirá la historia de las “narco-elecciones”.
Por eso las preguntas: ¿Hasta cuándo el Estado mexicano asumirá su verdadera responsabilidad? ¿Hasta cuándo Sinaloa y los sinaloenses vivirán en paz? Al tiempo.
