El grupo parlamentario de Morena propuso una indemnización para los jueces y magistrados que concluyan su cargo por haber declinado su candidatura o no haber resultado electos por los votantes.
Con base en la reserva hecha por Arturo Ávila, vocero de la bancada de Morena, magistrados y jueces serán acreedores al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado, asimismo, a 20 días de salario por cada año de servicio prestado.
“Así como a las demás prestaciones a que tengan derecho, mismas que serán cubiertas con recursos federales al momento de su retiro”, detalla la modificación aceptada por Morena y partidos aliados.
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Aunque se rían y lo desprecien, tenemos mucho pueblo que no les tiene miedo.
Ese mismo pueblo ya decidió y está dispuesto a revolucionar su poder judicial. #ReformaAlPoderJudicialVa pic.twitter.com/Cl68l8Eoq2
— Arturo Ávila. (@arturoavila_mx) September 4, 2024
Morena y aliados votarán en partícular reservas presentadas
Cabe recordar que el dictamen establecía solamente que “los derechos laborales de las trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”.
“Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral”, señalaba el documento.
La modificación que presentó la madrugada de este miércoles el legislador Arturo Ávila fue aceptada por la mayoría para su votación, en lo particular en el dictamen que promoverá la elección de jueces el primer domingo de junio próximo.
Por su parte, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Cuanalo, presentó una reserva que prohíbe a ministros y magistrados “dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación”.
“Esta limitación tiene el objetivo de preservar la imparcialidad de los juzgadores y evitar el tráfico de influencias”, indicó.
En tanto, Magdalena Núñez, legisladora del PT, presentó la tercera reserva aceptada por la mayoría, para “el establecimiento del criterio de paridad total en todos los poderes públicos, federales, locales y organismos constitucionales autónomos”.
“Era necesario establecer con toda precisión el lenguaje inclusivo y la paridad de género”, destacó.
Las tres reservas presentadas fueron avaladas para su discusión, por lo que serán votadas en el dictamen en lo particular.
