María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, criticó la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial, al alertar que si se concreta su aprobación, uno de los riesgos es entrar en un retraso de la justicia y la afectación de personas que tienen casos en materia de salud, violencia intrafamiliar, desaparecidos, entre otros.
En ese sentido, afirmó que quienes llegarían a sustituir a los juzgadores que fueran removidos, carecerían de experiencia y desconocimiento de los casos.
“Pero además del cese de los casi mil 700 magistrados y jueces federales, el personal que trabaja con ellos se vería afectado, además de que el sueldo disminuiría”, dijo la magistrada de Circuito en una entrevista otorgada al portal La Silla Rota.
Y agregó: “Este tema de se van todos, quién sabe en qué condiciones llegan y que cuando lleguen, no estemos quienes sí tenemos la experiencia y que además el personal también se va a ver afectado, porque si se va a bajar el sueldo de las personas juzgadoras como se está estableciendo, evidentemente no va a haber un secretario que va a ganar más que un juez, entonces todos los sueldos se irán para abajo”.
Juzgadores Federales rechazan reforma judicial de la 4T: “Destruirá la división de Poderes”
De acuerdo con el último Censo Nacional de Impartición de Justicia (2023), actualmente en México hay 910 personas magistradas y 737 jueces.
La propuesta del mandatario tabasqueño que presentó el pasado lunes 5 de febrero pasado, plantea renovación de todos los cargos mencionados.
“Se prevé que se elimine el Consejo de la Judicatura Federal, pues también habría que ver que ya no subsiste el contrato colectivo de trabajo, entonces estas variables podrían ser el efecto de que hubiera una justicia retardada mucho más, porque habrá una curva de aprendizaje en perjuicio de los justiciables, porque además habría, sin lugar a dudas, personas que estuvieran resolviendo los conflictos que estuvieran ya cargadas para algún lugar de manera indebida y que además ya no hubiera ni siquiera cómo denunciarlo”, explicó María Emilia Molina.
Lo que se propone del Tribunal disciplinario, agregó, tampoco es lo más ortodoxo que se puede hacer. Lo que se dice ahí mismo en la iniciativa es que tendría facultades para verificar que si hay un criterio que impide la administración pública en el concepto que se tenga de cuestiones prioritarias, pues se puede cesar al juez con ese criterio.
“Entonces prácticamente lo que se está diciendo es que a cualquier cosa que diga el gobierno, aun cuando sea en perjuicio de los justiciables, podría haber una ley que dijera que por razones de utilidad pública se expropia toda la propiedad privada y entonces nadie podría decir que es indebido”, comentó.
Habrá saturación de casos para pocos juzgadores
Datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revelan que en 2022 el Poder Judicial de la Federación (PJF) recibió 1 millón 256 mil 077 asuntos y resolvió un millón 214 mil 806, por lo que esos cerca de 1,700 magistrados y jueces resolvieron 762 asuntos al año, más de uno al día.
Algunos asuntos se tardan, pero otros deben resolverse pronto, explicó la magistrada con 30 años de experiencia en el sistema de justicia.
“Esas estadísticas son las más importantes de poner en la mesa, este tipo de situaciones lo que nos puede llevar es a que esos asuntos de las personas más vulnerables no se resuelvan a tiempo, porque algunos que se tienen que resolver en menos de 24 horas”, planteó.
Las suspensiones, que son medidas cautelares, por ejemplo, para la atención a la salud, si no se resuelven por falta de capacidad, de conocimiento o de lo que sea en 24 horas, pueden ocasionar que cuando le llegue la resolución a la persona afectada, ya no haya nada que hacer respecto a su salud, que incluso haya fallecido, continuó Molina.
Otro caso son los niños y las niñas que son víctimas de violencia intrafamiliar y que lo que se necesita es resolver de manera rápida no solo en el Poder Judicial de la Federación, sino desde los juzgados de Primera Instancia en las entidades y cuando llega el amparo es para sacarlos de esos lugares donde están siendo violentados, pues hay que verificarlo.
Así podría intervenir el crimen organizado en la elección de jueces y magistrados
Un caso más son los amparos buscadores, aquellos que presentan las familias o los allegados a personas desaparecidas para que se busque a alguien, porque las autoridades mismas las han desaparecido o no las han buscado correctamente, si no han ejercido estas facultades, pues tampoco se van a resolver.
“Hay muchísimos casos que no tienen que ver con lo mediáticamente propuesto que pareciera que es lo único que conocemos y no es así, si les van a quitar a un ejido sus tierras, ¿dónde lo resuelven? Hay cosas que se ven en el Tribunal Agrario, pero hay otras que se ven en amparo”, precisó.
Enfatizó que este tipo de asuntos continuarán llegando a los juzgados cuando no haya jueces especializados con experiencia, con la carrera judicial, con excelencia, con independencia y con imparcialidad.
“Ese es el gran tema que debemos poner sobre la mesa, ¿cómo garantizamos que las personas lleguen buscando justicia a espacios donde verdaderamente se busque darles el servicio, no solamente en juzgados, sino desde la primera atención a las víctimas?”, cuestionó.
Con información de La Silla Rota
MSA
