Debido a su fallida estrategia de seguridad basada en “abrazos, no balazos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca militarizar la seguridad pública para, supuestamente, “pacificar” al país.
Por ello, presentó una iniciativa con la cual pretende que la Guardia Nacional (GN), que fue concebida cómo una organización con un mando civil, sea administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) bajo el pretexto de que “no se eche a perder” cómo pasó, según el, con la Policía Federal.
Sin embargo, el sueño de López de militarizar a México se ve frenada por el marco legal por el cual deben ceñirse los miembros de las Fuerzas Armadas.
Este tema lo aborda Lilian Chapa Koloffon, analista de políticas de seguridad pública, quién explicó que aquellos militares que participen en labores de seguridad pública deben asumir nuevas responsabilidades como someterse a la regulación de instituciones policiacas y que sus actividades deben ser sometidas a un escrutinio civil para evitar violaciones a los derechos humanos.
En su columna “Los escenarios imprevistos de una Guardia Nacional militar en México”, señala que las Fuerzas Armadas no se han sometido hasta la fecha a la regulación que aplican las instituciones policiales.
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Por ello, indica que aquellos militares que participe en tareas de seguridad pública, cómo pretende AMLO, no se libran de cumplir con todas las obligaciones a las que está sometida la función policial en el proceso penal.
“Ahí en el primer filtro, una persona agente hará una primera valoración de la legalidad de la detención así como de la coherencia de lo que se narre en el informe policial. Después, si el proceso avanza, el militar tendrá que rendir testimonio oral ante un juez o jueza, además de que podría ser interrogado por la defensa de la persona imputada. Todo esto lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales”, comenta.
Agregó que desde 2019, desde la creación de la GN, los militares que participan en labores de seguridad pública han actuado bajo la protección legal de un artículo transitorio, lo cual les ha permitido evitar las mencionadas obligaciones.
Por ello, que las Fuerzas Armadas actúen bajo un marco legal y sus funciones sean limitadas por autoridades civiles como agentes del Ministerio Público y jueces, sería un escenario nuevo para el Ejército.
“El deseo presidencial de otorgarle funciones policiales al Ejército es un proceso con implicaciones en la operación del sistema de justicia que no se han dimensionado. El conflicto entre militares y las decisiones judiciales serían inevitables y de consecuencias no previstas”, alertó.
A continuación puede consultar el texto íntegro.
Con información de The Washington Post
MSA
