Ignacio Ovalle, extitular de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), fue citado a comparecer ante la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), esto como parte de las investigaciones en curso por los presuntos desvíos millonarios ocurridos en esta dependencia.
El careo fue solicitado por la defensa de Rene Gavira Segreste, uno de los principales subalternos de Ignacio Ovalle, y quien ya fue acusado y procesado penalmente por las irregularidades detectadas.
En ese sentido, Pedro Serret Hernández, juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, concedió esta petición mediante un acuerdo del 12 de agosto e instruyó a la Fiscalía General a ayudar en la localización de Ovalle Fernández.
Su testimonio servirá para nutrir el expediente iniciado por la supuesta compra ilícita de certificados bursátiles fiduciarios privados, con recursos públicos por un monto de 100 millones de pesos.
Aunque varios presuntos delitos ocurrieron bajo su gestión, Ignacio Ovalle no ha sido acusado por la fiscalía de ninguna irregularidad.
Además, recientemente la FGR acusó ante un juez a varios exfuncionarios de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por una presunta compra ilícita de azúcar en 2020 —también durante la gestión de Ovalle—, pero sin incluir en su denuncia al exdirector, que era el jefe de todos los acusados.
Pese a que el propio Gobierno Federal ha reconocido malos manejos en Segalmex por un monto de nueve mil 500 millones de pesos, no existe aún ningún señalamiento en contra de Ovalle Fernández.
La única medida en su contra fue removerlo de ese cargo y enviarlo al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Cabe recordar que a finales de julio de este año se dio a conocer un escándalo de corrupción en Segalmex, pues detectaron un desastre financiero, irregularidades y un saqueo.
De acuerdo con el Diario Reforma, Segalmex, Diconsa y Liconsa, responsables de abasto social de productos de la canasta básica a precios subsidiados en comunidades rurales, tuvieron en 2021 una operación plagada de irregularidades por al menos nueve mil 500 millones de pesos.
Lo anterior provocó que el despacho contable contratado para revisar sus estados financieros se negara a validarlos.
Además, tres ex funcionarios se robaron 29.6 millones de pesos que recibieron desde 2019 para “gastos de viaje y gastos a comprobar” y por los cuales ya hay denuncias penales ante la FGR.
Con información de Animal Político y Vanguardia
MSA
