Se confirma una vez más que a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no le hacen mucha gracia los ejercicios de democracia directa, como lo son las consultas populares sobre temas de relevancia.
En días pasados, Sheinbaum envió al Congreso de la capital una iniciativa para que se elimine la obligatoriedad de las alcaldías de someter a consulta el ejercicio del presupuesto participativo, con el pretexto de la pandemia del Covid-19.
De aprobarse su propuesta, las alcaldías podrían ejercer dos mil 816 millones de pesos correspondientes al presupuesto participativo de manera discrecional, sin consultar con la ciudadanía, como lo establece la ley.
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¿Qué implicaría?
Esto implicaría que los actuales alcaldes, que aún son en su gran mayoría de Morena, tendrían a su disposición casi tres mil millones de pesos para aplicarlos como les venga en gana, antes de dejar sus cargos. Sería su “Año de Hidalgo”.
Si se aprueba la propuesta de Sheinbaum –y Morena tiene los votos para hacerlo– los actuales alcaldes solo tendrían que enviar un informe a la Secretaría de Finanzas sobre la forma en que gastaron los recursos.
El presupuesto participativo es una partida que cada año aprueba el Congreso de la Ciudad de México para que las alcaldías la apliquen en mejoras urbanas en los barrios y las colonias.
La Ley de Participación Ciudadana establece la obligatoriedad de realizar un proceso de consulta con la ciudadanía sobre la forma en que deberán ser ejercidos estos recursos, lo que implica que los mismos ciudadanos elaboran proyectos y al final gana el que obtuvo mayor votación en las urnas.
Este proceso es el que Sheinbaum pretende quitar de en medio con pretexto del Covid, para que los alcaldes, en su gran mayoría compañeros suyos de partido, ejerzan esos casi tres mil millones de pesos de manera unilateral y discrecional.
Toda una estampa del obradorismo. Promueven una consulta “gansito” con publicidad engañosa, pero torpedean las consultas institucionales que sí tienen un fin específico.
