A propósito del Tercer Informe de Gobierno vale la pena señalar que en lo que va del gobierno de Enrique Peña, el país ha visto avances significativos en el combate a la inseguridad. Por ejemplo, los operativos en Michoacán y en algunas partes de Guerrero.
Sin embargo, el problema está lejos de una solución.
El gobierno de Peña Nieto arrastra una deuda en materia de seguridad en estados como Tamaulipas, Morelos, Veracruz y Jalisco.
Además, la incidencia en delitos de alto impacto se ha mantenido –e incluso aumentado–, en varias entidades.
Por eso preguntamos, ¿a qué obedece la falta de resultados en el combate a la violencia?
En este espacio creemos que el aparente fracaso en la lucha por la seguridad se debe a que no hemos visto un cambio significativo en la implementación de políticas públicas para el combate a la inseguridad y la violencia.
O si lo prefiere, que si el gobierno federal no se preocupa –y se ocupa– en diseñar un entramado institucional que combata las prácticas que fomentan la corrupción y la impunidad, entonces el problema persistirá.
Por cierto, además de lo antes mencionado, habría que sumar a la lista la fuga de Joaquín, el Chapo, Guzmán. Sin duda, uno de los golpes más severos a la credibilidad y la imagen del gobierno federal.
