La Presidencia de la República y la Cámara de Diputados impugnaron las suspensiones definitivas otorgadas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro en contra del nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
Para ello, presentaron dos recursos de revisión en contra de los beneficios concedidos a dos particulares por parte del juez especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
Asimismo, presentaron una queja contra la suspensión definitiva a favor de la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien obtuvo una suspensión definitiva contra las reformas a la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión.
En su queja, indican que no están de acuerdo con el criterio impuesto por el impartidor de justicia, quien al otorgar cancelaciones totales protege para que no sean obligados a revelar sus datos biométricos y personales a las empresas del ramo, al tiempo que evitan la cancelación del registro de su línea de comunicación.
Los recursos fueron interpuestos por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
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De acuerdo con registros judiciales, hasta el momento los jueces Rodrigo de la Peza y Gómez Fierro han otorgado cerca de 362 suspensiones provisionales y 219 suspensiones definitivas contra el registro de datos biométricos.
Estas medidas impiden que los quejosos registren su línea telefónica al padrón nacional y en consecuencia no les pueden cancelar el servicio.
En ese sentido, los jueces señalan la imposibilidad jurídica para que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados recaben e integren información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio del usuario, ya que para ello deben utilizar medios digitales y medios remotos que garanticen la veracidad e integridad de la información.
Por su parte, el juez Fierro considera que la cancelación de la línea telefónica a aquellos usuarios que no registren sus datos en el padrón, podría incidir en otros derechos como el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
Con información de Diario de México y El Sol de México
MSA
