Ayer dijimos aquí que parecían atrofiadas no solo las capacidades de asombro e indignación de la sociedad frente a masacres cometidas en México —por el crimen organizado—, sino que los mexicanos reaccionan con estupor a crímenes colectivos en otras partes del mundo.
¿Y por qué el valemadrismo social? ¿Por qué la atrofia social a lo que ocurre en México y el asombro por lo que pasa allende fronteras?
Acaso porque la terca realidad —miles de muertos en todo el país— hizo insensible a una sociedad donde lo nuevo —lo de hoy— es el negocio político de la muerte.
¿Y cuál es ese negocio?
Todos lo conocen: convertir la muerte en renta política. Por ejemplo, manos perversas convirtieron en causa político-electoral —y golpe mediático global— el asesinato de los 43 de Iguala, cuyo cuento se tragaron miles. Lo mismo ocurrió en Nochixtlán, Oaxaca, donde manos perversas montaron un choque con la policía y provocaron crímenes cuya renta política no desaprovecharon los mercaderes de la muerte.
Y a nadie importa —en el caso contrario— cuando en gobiernos de PAN, PRD y/o PRI se cometen peores masacres y, claro, nadie dice nada y nadie inicia escándalos mediáticos con fines político-electorales. ¿Por qué?
Por eso, porque tragedias de inseguridad como las vividas en Chiapas, Oaxaca, Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y otras, no son negocio, a pesar de que significan el fracaso de la alternancia en el poder o si, como ocurre en muchos estados, son un nuevo paradigma criminal; asesinar familias enteras a manos del crimen organizado.
Por eso, a nadie importó el llamado de auxilio de alcaldes asesinados en las últimas 48 horas: Ambrosio Soto, de Pungarabato, Guerrero, y Domingo López, de San Juan Chamula, Chiapas.
El primer alcalde muerto en las últimas horas lanzó gritos mediáticos de auxilio —en entrevista a MILENIO Televisión—, y ninguna autoridad hizo caso, ninguna ONG lo tomó en cuenta, y ninguna organización de derechos humanos pidió su protección. Todos fallaron.
Al final lo asesinaron, luego de recibir el siguiente tuit: “Sr. presidente, tengo a bien avisarle que han dado la orden de matarlo en este tiempo de clausuras y aprovechando q usted no trae mucha seguridad, tenga cuidado xq ya pueden tener días siguiéndolo”.
El segundo alcalde asesinado recibió un mensaje de muerte cuando chamulas armados y encapuchados expulsaron un plantón de la CNTE, la semana pasada. Nadie entendió el mensaje.
¿Dónde estuvieron, en los dos casos, las “preocupadas” ONG, que hacen negocios sucios con el crimen organizado y el narcotráfico para liberar criminales, pero que callan ante tragedias como éstas? ¿Dónde están las inútiles comisiones de derechos humanos, que no hicieron nada por esos y otros alcaldes asesinados?
Y si dudan que a nadie importa la muerte de alcaldes —convertida en deporte nacional—; el portal www.letraroja.com difundió ayer un recuento de alcaldes asesinados en la última década.
Entre 2006 y 2016 se han contabilizado 37 alcaldes asesinados —sin importar género o partido político—, 12 ocurridos en el actual sexenio y el resto, 25 de ellos, en el gobierno de Calderón.
Los estados con mayor cantidad de alcaldes asesinados: Michoacán, con siete; Oaxaca, siete; Durango, cinco; Guerrero, cuatro; Veracruz, tres; Nuevo León, dos; Morelos, dos. Y con un alcalde muerto, respectivamente, aparecen Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila, Zacatecas, Puebla, Jalisco y Chiapas.
Podrán decir misa, pero la sociedad mexicana parece atrapada por el negocio político de la muerte. Y ante ese negocio criminal sí reacciona la “legión de idiotas”.
Al tiempo.
Tomado de Milenio
