A partir de este 12 de mayo, elementos del Ejército y la Marina podrán ejecutar, legalmente, 12 funciones de seguridad pública que le correspondían a las policías civiles en México.
Tal acción se pudo efectuar gracias a un decreto que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que se dio a conocer, el 11 de mayo, en un acuerdo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el Diario Oficial de la Federación (DoF).
Cabe recordar que esta orden se sustentó en una reforma constitucional que se aprobó en 2019 con motivo de la creación de la Guardia Nacional, en el cual se le permitió al titular del Ejecutivo hacer uso de las Fuerzas Armadas, durante los próximos cinco años, en tareas policiales.
“En el papel se trata, según dicha reforma, de un apoyo solo para situaciones “extraordinarias” y subordinada a un mando civil, mientras se terminaba de conformar y desplegar a la referida Guardia Nacional”, detalló el sitio Animal Político.
No obstante, para varios especialistas y organizaciones no gubernamentales las atribuciones que hoy tiene el Ejército dan pie a una intervención más amplia de los militares en la seguridad, pues no se fijan plazos claros, ni subordinación civil y, mucho menos, controles externos.
Uno de los primeros grupos en manifestar su descontento fue el Colectivo Seguridad Sin Guerra, mismo que señaló que el acuerdo no regula la intervención militar, todo lo contrario “quita la máscara” al militarismo en el país.
“Un gobierno que esté verdaderamente comprometido con la desmilitarización del país y la construcción de paz, no debería emitir un acuerdo de este tipo, sino reglas claras, objetivos precisos y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas mientras continúen en las calles”, reza el comunicado del colectivo que agrupa a más de 30 organizaciones.
Asimismo, expertos en seguridad y Fuerzas Armadas advirtieron que el apoyo de los efectivos castrenses en seguridad durante los próximos cinco años, legaliza una amplia intervención en tareas que constitucionalmente son ajenas a la milicia.
“El transitorio de la reforma del año pasado decía que este apoyo tenía que ser fiscalizado, subordinado y regulado, pero en el acuerdo no hay nada de eso. Esto no es una regulación es un cheque en blanco al Ejército. Es un fraude en la ley y en la práctica”, mencionó Catalina Pérez Correa, doctora en Derecho por la Universidad de Stanford e investigadora del CIDE.
Por otro lado, Alejandro Hope, experto en temas de seguridad, criticó que el acuerdo solamente contemple la intervención militar durante el resto del sexenio sin explicar las condiciones o contexto que obligan a echar mano de ellas.
“Lo que sí es claro es que en realidad todo queda en manos del Ejército. El desarrollo de la Guardia Nacional depende hoy del Ejército y francamente no veo ningún incentivo para que eso cambie”, añadió Hope.
Otra ONG que rechazó la medida fue México Unido contra la Delincuencia, pues carece de controles, de plazos y, en general, de todos lo límites que se le deberían poner a un apoyo que es sólo es excepcional, no permanente.
“Expresamos nuestro rechazo a este nuevo golpe. La situación actual derivada de la pandemia no puede ser una cortina de humo para aprobar leyes que menoscaban nuestro sistema constitucional de frenos y contrapesos o para avanzar el militarismo en el país. Este gobierno se ha quitado la máscara”, aseveró Seguridad Sin Guerra.
Con información de Animal Político
