Hace meses, un grupo de ciudadanos –indignados por la corrupción y por la falta de gobiernos honestos–, trató de acotar la interacción entre servidores públicos y actores privados con una iniciativa llamada “Ley 3 de 3”.
Al principio, todo parecía maravilloso. El proyecto fue recibido por políticos de los tres niveles de gobierno. Incluso se sumaron los “marcados” por la corrupción. Si bien muchos estuvieron de acuerdo en publicar sus declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal, con el paso del tiempo, muchos hicieron como “el tío Lolo”.
Ésta es la historia:
- En junio del 2015, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) emprendieron la “campaña 3 de 3” para que los candidatos a las elecciones del 7 de junio hicieran públicas sus declaraciones.
- En marzo de este año, el IMCO reunió 120 mil firmas para convertir a la Ley 3 de 3 en una iniciativa ciudadana.
- El 17 de marzo, los senadores recibieron formalmente la propuesta.
- En abril, Roberto Gil Zuarth, presidente del Senado, turnó a Comisiones la iniciativa para su análisis y dictaminación
Y pasó el tiempo…
- Si bien la Ley 3 de 3 tuvo que ser aprobada antes del 28 de mayo, a los legisladores no les dio tiempo y convocaron a un Periodo Extraordinario.
- A cambio del voto, los ciudadanos buscaban un candidato transparente el 5 de junio, por lo que convocaron a los candidatos a las gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales a presentar su declaración 3 de 3.
- Con 50 votos a favor, 59 en contra y una abstención, durante la madrugada de este miércoles, por fin fue aprobada –en Periodo Extraordinario–, la Ley 3 de 3.
- La versión aprobada terminó siendo “light”. Es decir, que los funcionarios públicos no tienen la obligación de hacer pública su declaración.
- El PRI y el Verde fueron los responsables de rebajar la Ley de Responsabilidades Administrativas.
