Este miércoles el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, confirmó que se investiga al gobernador de Veracruz, Javier Duarte y a otros cinco gobernadores, aunque no reveló de quiénes se trata.
Aunque el organismo no cuenta con las atribuciones para auditar a los Gobiernos estatales, Núñez indicó que las investigaciones recaen sobre las finanzas personales de los mandatarios y precisó que las pesquisas derivan de denuncias por actos que pudieran constituir irregularidades fiscales, o por discrepancias en la información que se ha presentado en las declaraciones.
En el caso de Duarte, la investigación surgió a raíz de una denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero presentada por su sucesor en el gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Al actual gobernador en funciones se le acusa de haber otorgado licitaciones o adjudicado contratos para la proveeduría de bienes, mercancías o servicios a 34 presuntas “empresas fantasma”. En dichas operaciones habrían estado en juego alrededor de 600 millones de pesos
El jefe del SAT informó que de las empresas involucradas en el caso en que se vincula a Duarte, sólo tres han acreditado su capacidad de pago. Las 31 restantes no se han apersonado, no han sido localizadas —pues presentan domicilios fiscales falsos— o no han acreditado la realización de las operaciones para las que fueron contratadas.
Por su parte, Duarte publicó una carta en la que afirma que él es “el primer interesado en que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes”, y calificó las acusaciones de Yunes de “ridículas”.
Sin embargo, Núñez también reveló que en total fueron 10 los funcionarios públicos ligados al caso de las empresas fantasma de Veracruz: a cinco de ellos no se les encontró irregularidad alguna; pero los otros cinco están siendo auditados. ¿Qué significa esto? Que uno de esos funcionarios es Javier Duarte y que podría haber indicios de su participación en actos ilícitos, por lo que las acusaciones podrían no ser nada “ridículas”.
De acuerdo con el jefe del SAT, las investigaciones tanto a Duarte como a los otros cuatro gobernadores en cuestión deberán concluir en un plazo de 12 meses, aunque si realizaron operaciones en el extranjero, como podría ser el caso del gobernador de Veracruz, podrían extenderse un año más. En todo caso, es posible que los resultados estén listos antes de que los mandatarios finalicen su periodo al frente de sus entidades.
¿Ahora si se castigará a los gobernadores corruptos? ¿Veremos a los mandatarios encarcelados antes del fin de su periodo? ¿Podría adelantarse alguna sucesión en las gubernaturas? Y sobre todo, ¿Quiénes son los otros cuatro gobernadores que investiga el SAT? ¿Entre ellos se encontrarán César Duarte y Roberto Borge?
