Inacción del gobierno frente a la CNTE compromete Estado de Derecho

Hasta hace semanas, el poder judicial se mantuvo al margen del problema entre la CNTE y la SEP –a propósito de la reforma educativa–; sin embargo, recientemente se ha visto que –igual que el legislativo– el tercer poder tomó parte en la batalla.

El mando del ámbito jurídico ha avalado la iniciativa que salió de Los Pinos hace algunos años y se ha ajustado a los parámetros constitucionales para su instauración.

De este modo, el Doctor Vicente Fernández, abogado y académico del Tec de Monterrey, comentó en entrevista para La Otra Opinión que jurídicamente no hay objeción que valga para los maestros y es que sus derechos humanos y laborales se han validado como corresponde. Además, todo lo que se lee en la reforma se apega a la Constitución.  

Para el Doctor Fernández, la reforma educativa no tendría que ser un problema, pues no hay nada de malo en concursar por una plaza, ni en que la autoridad quiera normalizar el sector magisterial.

Además, explicó el académico que si la intención gubernamental está enfocada en la mejora educativa, ésta debería aplaudirse y no rechazarse, pues tal acción sentará las bases para la formación del futuro del país.

El Doctor Vicente Fernández consideró que las protestas de la CNTE para ejercer presión son un problema grave que a la larga conseguirá desestabilizar al país.

Con respecto al papel de la iglesia católica en el conflicto, el doctor Fernández aseguró que es una venganza de la institución en contra del gobierno debido a las reformas aprobadas sobre el matrimonio igualitario, el uso medicinal de la mariguana y el aborto.

“Esas son las iniciativas del presidente que han provocado el enojo de la iglesia, por eso ahora ésta aviva el fuego de la CNTE. Todo es una revancha”, dijo el académico del Tec. de Monterrey.

Por último, el especialista en temas jurídicos concluyó que los maestros de la Coordinadora sólo han estado ejerciendo presión al estado de derecho para meter temas en la agenda y ver qué beneficio logran sacar del asunto. Es así como la disidencia pone en entredicho al sistema jurídico y debilita al gobierno.

“Ya vemos que la ley sí se negocia cuando se accede a las presiones y los chantajes, lo cual, evidentemente termina por debilitar a las instituciones del estado”, puntualizó Fernández.