Como es sabido, el miércoles pasado el Senado de la República aprobó una versión “descafeinada” de la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3 de 3. Originalmente, el proyecto solicitaba a los funcionarios públicos transparentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales. No obstante, la versión aprobada establece que las declaraciones no serán obligatorias para los funcionarios públicos pero sí tendrán que hacerlas las personas morales que provean algún producto o servicio al gobierno.
Es decir que todos los dueños y empleados de las compañías que vendan, que aporten o que reciban dinero público deberán hacer públicas sus tres declaraciones.
¿Se imagina el tamaño de este absurdo? En México, prácticamente todas las compañías relevantes tienen alguna relación con el gobierno: ya como proveedores, ya como colaboradores, ya como guste y mande. Por esta razón, en La Otra Opinión nos atrevemos a especular, ¿quiénes tendrán la obligación de hacer público el 3 de 3? O más fácil, ¿quiénes no tendrán que exhibir sus propiedades? Al botepronto, el 3 de 3 deberá ser una práctica común en…
- Las empresas automotrices que proveen al gobierno de vehículos.
- Los restauranteros que en jornadas largas surten de comida a los funcionarios públicos.
- Los medios de comunicación que difunden la publicidad oficial.
- Los “community managers” y asesores de imagen que –por debajo del agua– generan ejércitos de bots para apoyar a los candidatos a cargos públicos.
- Los hoteles del mundo que hospedan a la clase política.
- Las aerolíneas, que traen y llevan al presidente, a los legisladores, gobernadores, alcaldes, etc.
- Las empresas refresqueras y de comida chatarra que surten las máquinas expendedoras que encontramos en las oficinas de gobierno.
- Las farmacéuticas que se encargan de proveer de medicamento a todos los funcionarios que no gozan de buena salud y que además surten de medicamento a instituciones médicas gubernamentales.
- Los hospitales y aseguradoras que “cuidan” de los políticos.
- Las “compañías de edecanes” que la clase política contrata para embellecer sus eventos.
- Las papelerías que surten de hojas bond, plumas y lápices a todas las oficinas públicas.
- Las mueblerías que hacen el mobiliario de los recintos como la Cámara de Diputados y Senadores.
- Las constructoras responsables de TODA la obra pública.
- Las editoriales que se encargan de editar –y muchas veces de escribir– los libros de las instituciones públicas.
- Las empresas en donde se contratan a los meseros para que auxilien a los funcionarios en los banquetes y fiestas que se hacen en su honor.
- Los proveedores de tecnología, como celulares, tabletas electrónicas y computadoras.
- Las compañías telefónicas que permiten la comunicación de los funcionarios.
- Los sitios de internet en donde vemos toda la publicidad del gobierno.
- Las escuelas a donde mandan a estudiar a los servidores públicos que no terminaron la primaria.
- Los “think tanks” y consultoras que asesoran a los servidores públicos.
- ¡Y claro! Toda la industria –de millones de pesos– de las campañas electorales; desde los que hacen gorras y playeras hasta los que montan templetes y arman grandes espectáculos.
Es decir, que al paso que vamos… los únicos que librarían el 3 de 3 son los vendedores ambulantes… ¡ver para creer!